Combatir la corrupción requiere antes que nada comprenderla: documentar sus prácticas, rastrear sus raíces históricas y analizar las condiciones que permiten su permanencia. Así lo afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la presentación del libro La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX, editado por la UNAM y El Colegio de México.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Lomelí subrayó que la corrupción ha acompañado al país a lo largo de su historia y ha frenado su desarrollo. La obra, integrada por 14 capítulos elaborados por especialistas en historia, derecho y ciencias sociales, demuestra —dijo— que la corrupción florece en entornos donde faltan contrapesos, donde no hay prensa crítica o donde la legislación es insuficiente… o excesivamente compleja.

Entre los capítulos destacan análisis sobre la corrupción en la Secretaría de Hacienda durante la Revolución, las prebendas a militares en la primera mitad del siglo XX, la administración del manicomio La Castañeda, la corrupción judicial en la Ciudad de México y las prácticas de sobornos ligadas a los llamados “centros de vicio”.

El rector enfatizó que la independencia judicial es un pilar indispensable para sancionar la corrupción, ya que sin ella, el castigo depende únicamente de la voluntad política.

Por su parte, el historiador Javier Garciadiego, director de la Academia Mexicana de la Historia, señaló que el tema del libro es de enorme actualidad y que los estudios presentados muestran que las leyes por sí solas no bastan para erradicar las prácticas corruptas. “Los discursos moralizantes no sustituyen los resultados. La corrupción prospera donde no hay control, donde impera la urgencia y donde sirve para mantener lealtades y gobernabilidad”, advirtió.

La directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Elisa Speckman Guerra, quien coordinó el volumen junto con Pablo Yankelevich de El Colmex, explicó que el concepto de corrupción utilizado en la investigación es amplio y engloba cualquier beneficio ilícito obtenido por un servidor público.

Speckman señaló que, a lo largo del siglo XX, las prácticas corruptas se extendieron a diversas áreas de la vida pública hasta normalizarse, amparadas por la impunidad y, en algunos casos, incluso consideradas funcionales para mantener lealtades o complementar ingresos. Sin embargo, sus costos —advirtió— son elevados: violación de derechos humanos, prestación deficiente de servicios, desigualdad en el trato, desgaste institucional y debilitamiento del Estado.