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Gobierno endurece reglas de contenido nacional en compras públicas

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reformó las reglas para medir y comprobar el contenido nacional en las compras públicas, con el objetivo de utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la industria nacional y fortalecer las cadenas productivas internas, en concordancia con los objetivos del Plan México.

La dependencia informó que el nuevo acuerdo fue publicado este jueves en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, y actualiza las normas vigentes desde 2010, así como su reforma de 2025, que regulan la adquisición de bienes y la contratación de obra pública por parte del gobierno federal.

En un comunicado, la Secretaría destacó que la reforma es resultado de un proceso de diálogo con sectores productivos, entre ellos las industrias textil y de dispositivos médicos, con el fin de diseñar reglas más realistas y evitar regulaciones alejadas de la operación industrial.

Uno de los cambios centrales es la nueva metodología para calcular el contenido nacional, que ahora se basará en el costo neto de producción y no en el precio de venta. Esta modificación busca facilitar la participación de fabricantes nacionales, cooperativas y pequeñas empresas, y promover una mayor integración productiva en el país.

Asimismo, se establecen mecanismos más estrictos de acreditación, mediante los cuales los proveedores deberán comprobar documentalmente el porcentaje de contenido nacional declarado, con el propósito de garantizar un mínimo de 65 por ciento y asegurar que los beneficios de la contratación pública se reflejen en la economía mexicana.

El acuerdo también refuerza la verificación y el combate a la simulación, mediante la coordinación entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control. Incluso, se podrán utilizar indicadores como el consumo de energía eléctrica y agua en plantas industriales para acreditar que la producción se realiza en territorio nacional. La Secretaría advirtió que se sancionará a quienes obtengan contratos sin cumplir con estos requisitos.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Previamente, se llevará a cabo un proceso de capacitación para proveedores y servidores públicos, a fin de garantizar una aplicación adecuada y transparente de la norma. Con esta reforma, señaló la dependencia, el contenido nacional deja de ser un principio declarativo y se convierte en una obligación verificable.

Salinas Pliego retira último amparo en la Corte por crédito fiscal de 645 mdp

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Luego de pactar con el gobierno federal el pago de más de 32 mil 132 millones de pesos por adeudos fiscales, el empresario Ricardo Salinas Pliego se desistió del último amparo fiscal que mantenía activo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionado con un crédito fiscal superior a 645 millones de pesos, promovido por su empresa Totalplay.

El desistimiento fue dado a conocer este jueves por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien celebró la decisión del conglomerado empresarial al considerar que representa un “triunfo histórico del Estado de derecho” y un mensaje de igualdad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sin importar la capacidad económica de los contribuyentes.

Con esta decisión, queda cerrado el último litigio fiscal pendiente de Grupo Salinas en el máximo tribunal del país. Cabe recordar que en noviembre de 2025, la Corte resolvió ocho juicios fiscales del grupo empresarial y confirmó la obligación de pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) créditos por más de 48 mil millones de pesos.

El asunto pendiente correspondía al amparo directo en revisión 2526/2025, cuya resolución había sido pospuesta en noviembre pasado debido a criterios contradictorios en los proyectos presentados por las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Origen del litigio

El conflicto se originó en septiembre de 2017, cuando el SAT determinó a Totalplay un crédito fiscal por 645 millones 763 mil pesos, resolución que fue confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

En marzo de 2024, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un primer amparo a favor de la empresa y ordenó al TFJA reconocer como deducibles comisiones pagadas a distribuidores por más de 621 millones de pesos, lo que derivó en una nulidad parcial del crédito fiscal.

Posteriormente, Totalplay impugnó la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al considerar que vulnera la seguridad jurídica por los plazos que impone a la autoridad fiscal. El recurso fue rechazado por un tribunal colegiado y escaló a la Corte, donde finalmente la empresa optó por retirarlo.

Con este desistimiento, el grupo empresarial da por cerrada su agenda de litigios fiscales ante la SCJN, en el contexto del acuerdo global de pago alcanzado con el gobierno federal.

OAJ despide a cerca de 400 empleados de confianza del Poder Judicial federal

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Alrededor de 400 empleados de confianza del Poder Judicial de la Federación (PJF), que desempeñaban labores administrativas en distintas entidades del país, fueron notificados de la terminación de sus nombramientos por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ), como parte de un ajuste presupuestal aplicado en todo el sistema judicial federal.

Mandos del OAJ confirmaron que los despidos forman parte del recorte del 10 por ciento de las plantillas laborales, establecido en el Acuerdo de Disciplina Presupuestaria 2026, el cual contempla la reducción del costo total anual de las estructuras orgánicas y debe cumplirse a más tardar al cierre de este mes.

Las notificaciones comenzaron a entregarse este viernes en diversas instalaciones del PJF. De acuerdo con documentos en poder de La Jornada, los oficios fueron firmados electrónicamente por la directora general de Recursos Humanos del OAJ, Laura Sandra Hasbach Melchor, y señalan que la decisión se sustenta en el artículo 170, fracción VI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En los comunicados se establece que, con base en las facultades otorgadas a la Dirección General de Recursos Humanos, se determinó la conclusión de los efectos de los nombramientos de personal de confianza adscrito a áreas administrativas, en niveles que van del 10 al 33 del Catálogo General de Puestos, con efectos inmediatos a partir de la notificación.

Los primeros reportes de los despidos surgieron entre trabajadores del edificio del OAJ ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, en la Ciudad de México; sin embargo, funcionarios del propio órgano confirmaron que las notificaciones se realizaron de manera simultánea en todas las sedes del Poder Judicial de la Federación en el país.

El ajuste ocurre en medio de un proceso de reordenamiento administrativo y financiero del Poder Judicial federal, derivado de las medidas de austeridad previstas para el ejercicio fiscal 2026.

Niega México intervención política en Estados Unidos

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó de manera categórica que la red consular de México en Estados Unidos realice labores políticas o intervenga en los asuntos internos de ese país, y subrayó que el gobierno mexicano actúa con estricto apego al principio constitucional de no intervención, el mismo que exige a otras naciones.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria abordó el tema tras haber sostenido una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que —aclaró— no se discutieron las acusaciones difundidas recientemente.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado para rechazar los señalamientos contenidos en un libro promovido en redes sociales por Trump, en el que se advierte sobre un supuesto “golpe de Estado invisible” contra Estados Unidos, presuntamente organizado por el gobierno de México y el partido Morena mediante el uso de la migración como “arma política”.

La presidenta precisó que dichas afirmaciones provienen de una publicación elaborada por una persona que no forma parte de la actual administración estadounidense.

“Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa”, afirmó.

Reiteró que la labor de los consulados mexicanos está claramente delimitada por la ley y las normas internacionales, y se centra en la protección, atención y asistencia a las y los mexicanos que residen en territorio estadounidense, particularmente en la defensa de sus derechos y el apoyo en situaciones de vulnerabilidad.

SCJN avala videograbar entrevistas a menores en procesos judiciales

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la videograbación de entrevistas periciales a niñas, niños y adolescentes es una medida constitucionalmente válida, siempre que se realice bajo estrictas medidas de protección, confidencialidad y consentimiento informado.

Al resolver el asunto, el máximo tribunal confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo solicitado, al considerar infundados los agravios presentados por el quejoso.

La resolución, elaborada bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, establece que en determinados casos la videograbación resulta necesaria para cumplir con las obligaciones reforzadas de protección previstas en los artículos 1 y 4 de la Constitución.

La Corte sostuvo que el interés superior de la niñez, en su triple dimensión —como derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento—, exige que toda actuación judicial que involucre a personas menores de edad maximice la protección de su dignidad, integridad emocional y participación efectiva en los procesos que afectan su esfera jurídica.

Al concluir que no existió violación constitucional, el pleno determinó que no procede conceder la protección solicitada.

Feminicidio en Puebla

En otro asunto, la SCJN declaró la constitucionalidad del artículo 338, fracción VI, del Código Penal del Estado de Puebla, que tipifica el delito de feminicidio.

El tribunal recordó que tanto el artículo 14 de la Constitución como el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizan el principio de exacta aplicación de la ley penal, el cual prohíbe imponer penas por analogía o mayoría de razón cuando no estén expresamente previstas en la ley vigente al momento de los hechos.

Aduanas logra récord de recaudación con 15.5% más pese a menos operaciones.

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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) alcanzó una recaudación histórica de un billón 449 mil 461.4 millones de pesos en 2025, un incremento real del 15.5% respecto a 2024, lo que equivale a 240 mil 829.6 millones de pesos adicionales. Este resultado se obtuvo a pesar de una caída del 2.3% en el volumen total de operaciones aduaneras.

La disminución en despachos se explica por el combate frontal al huachicol fiscal a gran escala mediante facturas falsas para evadir el IEPS y por controles más estrictos contra evasión y contrabando en el comercio exterior. Estas medidas redujeron operaciones, pero aumentaron la eficiencia recaudatoria gracias a tecnología avanzada y revisiones más rigurosas, sin necesidad de nuevos impuestos.

El mayor crecimiento se registró en aduanas marítimas (+21.1%), que concentraron dos terceras partes del incremento, seguidas por interiores (+11.9%) y fronterizas (+9%). Destacaron alzas en el IEPS (+53.8%), impuesto general de importación (+20.8%) y IVA (+8.3%), mientras el ISAN cayó 23.8% por menor mercado automotriz.

Las autoridades destacaron que las aduanas se consolidaron como motor clave de los ingresos públicos. La meta sexenal de sumar al menos 200 mil millones de pesos extras fue superada con creces en 2025, gracias a una estrategia de digitalización, combate efectivo a la evasión y fortalecimiento fiscal sin gravar más a la población.

Medvédev arremete contra Guterres por negar autodeterminación en Crimea y Donbás

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Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, criticó duramente al secretario general de la ONU, António Guterres, por afirmar que el derecho a la autodeterminación no aplica a Crimea ni al Donbás, priorizando la integridad territorial de Ucrania.

En Telegram, Medvédev cuestionó la autoridad de Guterres y de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU para interpretar la Carta de Naciones Unidas, recordando que solo la Corte Internacional de Justicia tiene esa competencia según el artículo 96.

Acusó a la secretaría de la ONU de usar un “doble rasero” en temas de autodeterminación versus integridad territorial, comparando el caso con Kosovo, reconocido por Occidente, mientras rechaza los referendos de Crimea (2014) y Donbás (2022).

Medvédev sugirió que el temor a la administración Trump y su “Junta de Paz” ha llevado a posturas más complacientes en la ONU, resaltando las divisiones en la aplicación del derecho internacional en el conflicto ucraniano.

Irán amenaza respuesta «contundente» tras designación terrorista de su Guardia Revolucionaria por la UE

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La Unión Europea declaró este jueves al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, con apoyo unánime de los 27 países miembros. La medida incluye congelación de activos, prohibición de financiamiento y veto de viajes a sus integrantes, impulsada por la represión de protestas en Irán.

Teherán rechazó la decisión como un «error estratégico grave» e «ilógico». El canciller Abbas Araghchi acusó a Europa de hipocresía por centrarse en Irán mientras ignora la situación en Gaza, y defendió al CGRI como el ejército legítimo del país.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, anunció que Irán aplicará una ley parlamentaria para considerar terroristas a las fuerzas armadas de los países que respaldaron la designación. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que cualquier acción militar será tratada como inicio de guerra y responderán de forma inmediata y fuerte.

A pesar del tono amenazante, Irán mantuvo abierta la posibilidad de diálogo basado en respeto mutuo, en un contexto de alta tensión con presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico.

Economía mexicana crece solo 0.7% en 2025, el peor avance desde 2020

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La economía mexicana registró un crecimiento anual de apenas 0.7% en 2025, el más bajo desde la contracción de 2020 por la pandemia, según la estimación oportuna del PIB publicada por el Inegi. Este resultado confirma la desaceleración sostenida tras los rebotes post-pandemia: 5.0% en 2021, 3.1% en 2022, 3.2% en 2023 y 1.4% en 2024.

Los servicios y el comercio que pesan dos terceras partes del PIB impulsaron el avance con un crecimiento de 1.7% anual, mientras la agricultura, ganadería y pesca aportaron 3.7%. En contraste, la industria se contrajo 1.1% a tasa anual, aunque mostró signos de recuperación trimestral. El dato superó las previsiones del mercado, que esperaban alrededor de 0.4%.

En el cuarto trimestre, el PIB repuntó 0.8% respecto al periodo julio-septiembre, evitando una recesión técnica tras la caída previa de 0.3%. A tasa anual, el dinamismo vino de servicios y exportaciones récord, pese a aranceles estadounidenses.El bajo crecimiento se explica por un entorno global adverso, con tensiones comerciales y políticas proteccionistas.

México mitigó parte del impacto mediante nearshoring y el T-MEC, sustituyendo importaciones chinas. El dato preliminar podría ajustarse el 23 de febrero, pero refleja un año de enfriamiento económico tras varios de mayor dinamismo.

EE.UU. enfrenta declive poblacional en 2026

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Según Bloomberg, Estados Unidos podría registrar por primera vez una reducción de su población en 2026, consecuencia directa de las políticas migratorias restrictivas de la Administración Trump.

Las deportaciones masivas y los límites a la inmigración legal e ilegal han hecho caer la migración neta de 2,7 millones en 2024 a niveles cercanos a cero o negativos en 2025, eliminando el principal factor que compensaba la baja natalidad y el envejecimiento demográfico.

A corto plazo se prevé menor crecimiento económico y pérdida de empleos; a largo plazo, la contracción de la fuerza laboral presionará fuertemente los sistemas de pensiones y salud ante una población cada vez más vieja.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas benefician a los ciudadanos al reducir competencia laboral y habitacional, elevando salarios y mejorando la calidad de vida, aunque expertos debaten si se trata de un fenómeno pasajero o el comienzo de un declive sostenido.

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