Mohsén Rezai, asesor militar del liderazgo iraní y excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, declaró que Teherán no permitirá la apertura de una segunda ruta en el estrecho de Ormuz.

Además, advirtió que «si el bloqueo [naval contra los puertos iraníes] continúa, los buques y las fuerzas estadounidenses se enfrentarán a graves riesgos y bajas». «Estados Unidos debe cambiar su comportamiento; de lo contrario, no lo toleraremos», aseveró.

Ruta acordada

Esta misma semana, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, informó que su país y Omán habían acordado las coordenadas geográficas de una nueva ruta a través del estrecho de Ormuz. 

«Se han acordado las coordenadas geográficas de la ruta prevista por ambas partes; además, siempre que no haya obstruccionismo por parte de terceros, se está finalizando la redacción y revisión de una declaración conjunta que recoge los puntos clave y las consideraciones acordadas», indicó en un comunicado emitido por la Cancillería.

Baghaei explicó que inicialmente el estrecho de Ormuz fue cerrado debido a la agresión militar de EE.UU. e Israel y ante «las consiguientes repercusiones para la seguridad de toda la región». «Por consiguiente, el acuerdo entre Irán y Omán no puede, por sí solo, garantizar la seguridad del estrecho para los buques en tránsito, dado que persisten los factores que lo desestabilizan, concretamente el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses», subrayó.

Las Fuerzas Armadas rusas atacaron en una semana 34 buques utilizados por el Ejército ucraniano, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

En detalle, de los 34 navíos dañados, 31 eran buques de carga seca y tres remolcadores.

Además, la cartera militar reportó que en el transcurso de la semana también se atacaron infraestructuras en puertos marítimos ucranianos destinadas al almacenamiento y reparación de equipo militar, así como otros objetivos militares, en el marco de dos ataques masivos y 12 grupales.

Los ataques rusos contra la infraestructura portuaria se han intensificado en el contexto de los ataques regulares de Kiev contra objetivos civiles en Rusia. Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, podría obtener nuevas y amplias facultades para imponer aranceles a otros países, pese a que la Corte Suprema limitara anteriormente este año parte de las medidas proteccionistas adoptadas por su Administración.

En el Senado estadounidense avanzan actualmente dos proyectos de ley que podrían otorgar al mandatario una base jurídica mucho más sólida para aplicar gravámenes en el comercio con terceros países.

Una nueva iniciativa de sus aliados

El senador republicano por Florida Rick Scott, uno de los principales aliados de Trump, impulsa un proyecto destinado a conceder al presidente la autorización del Congreso para imponer aranceles, especialmente a aquellos países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales persistentes.

«Las generaciones anteriores convirtieron a Estados Unidos en una superpotencia económica. Ahora nos corresponde a nosotros preservar ese legado y dejar a nuestros hijos y nietos un país mejor del que recibimos», declaró Scott.

Su propuesta, denominada Ley de Eliminación del Déficit Comercial, establecería un marco legislativo que permitiría al presidente imponer aranceles a los países cuyos déficits comerciales sean considerados perjudiciales para la seguridad nacional, la política exterior o los intereses económicos de Estados Unidos.

El proyecto contempla además la elaboración de una lista anual de vigilancia, preparada por el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, que identificaría a las economías con déficits comerciales considerados problemáticos para Washington.

La iniciativa fue presentada apenas un día después de que la Administración Trump devolviera cerca de 100.000 millones de dólares recaudados mediante los aranceles anunciados durante el denominado ‘Día de la Liberación’, cuando la Casa Blanca impuso gravámenes a importaciones procedentes de gran parte del mundo.

El propio mandatario volvió a defender este miércoles su política arancelaria, acusando a México, Canadá y otras naciones de haberse aprovechado de Estados Unidos con la imposición de sus aranceles durante años. «Nos han estado fastidiando con los aranceles que nos han impuesto durante años China, Japón, Corea del Sur, Alemania, todo el mundo, Canadá. Canadá es repugnante. Y México, todos nos lo hicieron. Pero ahora eso ya no funciona porque hemos dado la vuelta a la situación», manifestó durante un evento en Las Vegas.

El proyecto de Graham

Otra propuesta que podría aprobarse incluso antes es el proyecto de ley impulsado por el senador Lindsey Graham* sobre nuevas sanciones contra Rusia. La iniciativa recibió un respaldo abrumador en su primera votación, con 86 senadores a favor.

Si finalmente es aprobada en su forma actual, otorgaría al presidente una mayor flexibilidad para elevar los aranceles sobre importaciones procedentes de grandes economías como India, China o la Unión Europea, reduciendo las limitaciones legales existentes.

El texto establece que el representante comercial de Estados Unidos podrá fijar aranceles de entre el 0 % y el 100 % a los cinco mayores importadores de petróleo o gas natural ruso, medidos por volumen de compras.

Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar de Defense Priorities, considera que, aunque las nuevas medidas podrían reducir parcialmente los ingresos energéticos de Rusia, el coste para Estados Unidos podría ser mucho mayor.

«La disposición arancelaria puede afectar marginalmente a los ingresos de Rusia procedentes del petróleo y el gas, pero su impacto estará limitado por las prioridades políticas de mayor importancia para la Administración Trump. La economía rusa se encuentra bajo presión, pero puede soportar los costes moderados que impondrá el proyecto de sanciones de Graham y mantener al mismo tiempo su esfuerzo bélico», sostiene la analista.

A su juicio, el verdadero objetivo del proyecto de ley es China, principal comprador del petróleo ruso. Sin embargo, advirtió que utilizar los aranceles como instrumento para castigar a Pekín podría resultar «suicida» para la propia Casa Blanca. En este sentido, recordó que en 2025 Donald Trump ya impuso aranceles del 100 % a productos chinos, una estrategia que terminó fracasando y obligó al presidente estadounidense a dar marcha atrás.

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmaron este viernes en La Meca un acuerdo trilateral de defensa en un momento marcado por la creciente inestabilidad que sacude Oriente Medio desde hace meses.

El hecho de rubricar el pacto en la ciudad más sagrada del islam y bautizarlo con su nombre (Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca) otorga una fuerte carga simbólica a un acuerdo que, aunque se apoya en décadas de cooperación militar bilateral, supone un importante giro en la arquitectura de seguridad regional.

¿Qué contempla el acuerdo?

Según la declaración conjunta, el pacto busca reforzar la disuasión colectiva frente a cualquier agresión y establece que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado un ataque contra todos.

Las negociaciones comenzaron el año pasado y culminan ahora con la creación de un nuevo marco trilateral de cooperación estratégica.

Medios turcos señalan que el acuerdo también facilitará la celebración de ejercicios militares conjuntos, programas de entrenamiento, transferencias de tecnología militar e intercambio de inteligencia.

Fuentes citadas por Financial Times aseguran que el texto guarda similitudes con el acuerdo de defensa mutua firmado el año pasado entre Arabia Saudita y Pakistán. En abril, Islamabad desplegó un escuadrón de cazas, personal militar y un sistema chino de defensa antiaérea HQ-9 en territorio saudita para reforzar la protección del reino frente a posibles ataques iraníes.

Acercando a antiguos rivales

El acuerdo une a tres de los principales países de mayoría musulmana, cada uno con capacidades estratégicas distintas.

Arabia Saudita es la única economía árabe miembro del G20 y custodio de La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del islam. Pakistán es el único Estado musulmán que posee armas nucleares, mientras que Turquía cuenta con el segundo mayor Ejército de la OTAN y desarrolla una potente industria de defensa.

Aunque Pakistán mantiene desde hace décadas estrechas relaciones tanto con Riad como con Ankara, los vínculos entre Arabia Saudita y Turquía no siempre fueron fluidos.

Durante la Primavera Árabe, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respaldó los movimientos de protesta que Riad consideraba una amenaza para las monarquías de la región. Años después, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoyaron conjuntamente a fuerzas enfrentadas a Turquía en Libia y respaldaron al presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, duramente criticado entonces por Erdogan.

Un mensaje para la región

La firma del acuerdo coincide con el deterioro de la situación de seguridad en el mar Rojo. Arabia Saudita afronta una creciente presión por parte de los hutíes de Yemen, que han reactivado el conflicto con el reino y anunciado un bloqueo marítimo tras acusar a Riad de participar en el ataque contra el aeropuerto de Saná.

«Si este marco se institucionaliza y se traduce en una cooperación concreta, podría reforzar el peso diplomático y militar de los tres países y contribuir al surgimiento de una arquitectura de seguridad más impulsada desde la propia región», afirmó Abdulaziz Sager, presidente del Centro de Investigación del Golfo (Arabia Saudita).

Uno de los interlocutores consultados por Financial Times considera que el pacto podría anticipar una mayor implicación militar saudita contra los hutíes. «Turquía dispone de importantes capacidades navales y es probable que participe, al igual que Pakistán», señaló.

A finales de julio, Riad anunció además la creación de una alianza marítima multinacional destinada a proteger la libertad de navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén, iniciativa en la que participan tanto Turquía como Pakistán.

Fuentes pakistaníes explicaron a Financial Times que, durante una reunión celebrada el mes pasado en Ankara, el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y el presidente Erdogan debatieron la creación de una «nueva arquitectura regional de seguridad», así como una respuesta coordinada a los ataques hutíes contra Arabia Saudita y el tráfico marítimo en el mar Rojo.

Mansoor Ahmed, investigador del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad Nacional de Australia, considera que Pakistán y Turquía aportan una sólida base industrial en materia de defensa, mientras que Arabia Saudita puede desempeñar un papel clave como financiador del desarrollo tecnológico.

No obstante, el experto subrayó que el acuerdo difícilmente incluirá una dimensión nuclear, ya que la estrategia de disuasión atómica pakistaní continúa centrada principalmente en la rivalidad con la India.

En sus últimas horas como presidente, Gustavo Petro no ha dejado de insistir en que su candidato, Iván Cepeda, fue el ganador de las elecciones del 21 de junio y que Abelardo de la Espriella es «ilegítimo» porque, según su versión, venció gracias a una manipulación fraudulenta del escrutinio.

Tan delirantes son las conclusiones de una supuesta investigación de «75.000 testigos digitales» que ni siquiera le prestaron atención los organismos nacionales e internacionales que supervisaron los comicios y los avalaron.

«Con dineros del narcotráfico de cocaína hacia Estados Unidos y con los dineros en la Inteligencia privada israelí, reemplazaron el voto real de la ciudadanía colombiana por un programa de software israelí que siempre hacía ganar a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia», se podía leer en un enmarañado mensaje en la cuenta del todavía mandatario en X. «Colombia eligió a Iván Cepeda», insistía.

No satisfecho con la denuncia, en otros escritos y discursos apeló a la violencia en un país que ya sufrió el asesinato del candidato del Centro Democrático, Miguel Uribe, a manos de las FARC, tras lanzarle Petro decenas de invectivas.

Cabe recordar que el petrismo cuenta con el respaldo de las bandas criminales y en las zonas bajo su control presionaron a los pobladores con el llamado voto de fusil para que apoyaran a Cepeda.

«Convoco al pueblo de Colombia, como hace dos siglos y medio, a luchar por la libertad y la independencia nacional. No somos pueblos de siervos o esclavos, somos los pueblos milenarios y guerreros», se leía en otro tuit. Palabras que complementaban su propuesta de «organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular». Sugirió que las comunidades podrán desmarcarse de la fuerza pública y decidir «si deben armarse o no, de acuerdo con la magnitud de la agresión», declaración que recibió innumerables críticas.

¡Atención, fans del desmadre inmobiliario con aroma a perfume barato y egos inflados! Una corte de apelaciones de Estados Unidos le acaba de cantar el “se acabó la fiesta” al presidente Donald Trump y le ordenó parar en seco la construcción de su soñado salón de baile de 400 millones de dólares sobre los escombros del ala este de la Casa Blanca, esa que ya habían tirado abajo con más ganas que demolición de estadio viejo después del clásico.

Resulta que el National Trust for Historic Preservation, esos señores que se dedican a cuidar que nadie convierta monumentos en discotecas de mal gusto, demandó al gobierno después de que derribaran el ala este y se pusieran a levantar un salón de 8.360 metros cuadrados sin ni siquiera pedirle permiso al Congreso, como quien organiza una boda sorpresa en el patio de la abuela sin avisar. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Washington, confirmó por 2 votos a 1 la medida cautelar que ya había sacado el juez federal Richard Leon, ese nombrado por George W. Bush que en dos ocasiones le dijo a Trump “ni loco construyes arriba”, aunque le dejó seguir escarbando abajo como topo ansioso. Leon fue claro como el agua de coco: ninguna ley federal le da al presidente ni remotamente la autoridad para armarse su salón de baile sin el visto bueno del Congreso.

El tribunal, eso sí, le dio 14 días de respiradero al gobierno para que corra llorando a la Corte Suprema a ver si allá le hacen caso. Trump y su gente defienden el monstruo de salón como algo “imprescindible” para montar eventos oficiales grandotes y cuidar la seguridad de la Casa Blanca, o sea, el clásico argumento de “es para la seguridad” que usan desde el que quiere poner rejas en el condominio hasta el que sueña con su propia pista de baile tamaño estadio. Este proyecto es la joyita más ambiciosa de todas las remodelaciones que Trump quiere hacerle al centro de Washington, como si estuviera decorando su nueva mansión para impresionar a los compadres.

Al final, el líder republicano se quedó con la pista a medio armar, los escombros de recuerdo y una corte diciéndole que ni con todo el oro del mundo se salta las reglas como si fuera dueño del recreo. ¿Será que el salón de baile termina convertido en el elefante blanco más caro de la historia o Trump logrará que la Corte Suprema le prenda la música otra vez? Lo único seguro es que en esta telenovela del poder los jueces acaban de bajarle el volumen a la fiesta, y el hombre más poderoso del mundo se quedó mirando los planos como quien planeó la parrillada del siglo y de pronto le llueve el día del evento.

¡Atención, amantes del drama latinoamericano digno de telenovela de las tres de la tarde! La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, decidió que ya estaba bueno de hacerse los ofendidos con México y mandó a volar de una buena vez a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, esa que llevaba meses acurrucada en la embajada mexicana como quien se queda de okupa en el sillón de la suegra después de la pelea navideña.

Resulta que uno de los grandiosos objetivos de Keiko al agarrar el bastón de mando era justamente retomar las relaciones con los hermanos mexicanos, esos que te invitan tacos y de repente te dejan plantado por un asilo mal contado. Se lo explicó clarito al canciller Carlos Espá: “Recuperemos esta amistad, total nosotros ahora somos un gobierno reinstitucional, respetuoso del Estado de Derecho y de todas esas cosas serias que suenan bonito en los comunicados”. Y como manda la Convención de Caracas de 1954 (ese tratado que nadie se sabe de memoria pero todos sacan a relucir cuando conviene), le extendieron el salvoconducto a la señora Chávez para que se largara campante.

Este viernes, entre comunicados llenos de “lazos históricos de hermandad” y frases que parecen sacadas de un manual de autoayuda diplomática, Perú y México anunciaron que vuelven a ser compadres. Se prometieron embajadores mutuamente como quien se intercambia stickers del álbum Panini: “En unos días nombramos al nuestro y ustedes manden al suyo, ¿deal?”. El canciller Espá, todo orondo en Canal N, contó que no solo le dieron el pase a Betssy, sino que la mujer ya estaba a punto de aterrizar en tierras aztecas después de salir a escondidas del Grupo 8 a medianoche, con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y la ayudita discreta de Brasil, que hacía de intermediario como el amigo que presta el auto para el mudanzón express.

Desde el otro lado del continente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum festejó en su mañanera como quien recibe regalo de cumpleaños adelantado: “Fue de buena voluntad de la presidenta Fujimori, qué detallazo, y con esto se restablecen las relaciones… aunque sigamos defendiendo a Pedro Castillo, ¿eh?, que quede clarito”. Bienvenida, Betssy, a tu nuevo capítulo de asilo con mariachi de fondo. Eso sí, en Perú insisten en que no hay ninguna persecución política, que aquí reina el debido proceso y que la condena de once años, cinco meses y quince días por conspiración para la rebelión es tan legal como el ceviche del domingo. Ellos califican el delito como político, nosotros como lo que se les dé la gana, y todo el mundo contento.

Al final, la Alianza del Pacífico vuelve a respirar aliviada, los diplomáticos se sacuden el polvo de la pelea y Betssy Chávez cambia el encierro embajadoril por el tráfico de la Ciudad de México. ¿Paz restaurada o simple canje de favores con aroma a tacos y anticuchos? Lo único seguro es que en esta región las relaciones internacionales se manejan con la misma sutileza con que se discute quién paga la cuenta después de la tercera ronda de pisco sour.