La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que Petróleos Mexicanos incurrió en obstrucción de la justicia al entorpecer la investigación de un feminicidio ocurrido hace una década, presuntamente cometido por integrantes de su personal.
De acuerdo con la recomendación emitida por el organismo autónomo, se acreditó que apoderados legales de la empresa productiva del Estado omitieron proporcionar información clave sobre los vínculos laborales de personas imputadas, lo que dificultó el avance de las indagatorias ministeriales.
La CNDH calificó estos hechos como una forma de violencia institucional, al considerar que afectan la confianza en el sistema de justicia, vulneran a las víctimas y obstaculizan el acceso a la verdad y a la justicia.
Como parte de las medidas de reparación, el organismo recomendó a Pemex gestionar que el familiar de la víctima tenga acceso a atención médica y psiquiátrica, además de colaborar de manera amplia con las investigaciones ministeriales y administrativas en curso. También instruyó a la empresa a proporcionar sin dilación toda la información que sea requerida por las autoridades competentes.
Entre las acciones ordenadas se incluye la actualización de los registros del personal eventual o prestador de servicios, la realización de un diagnóstico para revisar y modificar los protocolos internos de colaboración con las autoridades, así como la capacitación en materia de derechos humanos del personal de la Gerencia de Servicios Jurídicos.
La recomendación, identificada como 001/2026, señala que servidores públicos de Pemex omitieron entregar información solicitada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a que las personas investigadas estaban imputadas por el delito de feminicidio.
El caso se remonta al fallecimiento de la víctima ocurrido en enero de 2016. Tras una primera revisión, la CNDH emitió en 2022 una recomendación dirigida a otras autoridades. Sin embargo, en 2025 recibió una nueva queja de un familiar, en la que se denunció que la falta de entrega de datos laborales por parte de Pemex continuó entorpeciendo las investigaciones, situación que dio origen a la nueva resolución contra la empresa estatal.
