Una comisión de la ONU ha soltado este lunes que los países están legalmente obligados a plantearse reparaciones por la trata transatlántica de esclavos y a pelear de verdad contra el legado de discriminación racial que, según ellos, sigue tan presente como cuñado discutiendo de política en la sobremesa. Las directrices del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se agarran a una convención de 1965 que es de las que pican y obligan, y no a las normas de cuando se traficaba con personas como si fueran cajas de tomates en oferta. El comité lo describe como un cambio de guion absoluto que deja atrás los rollos de “eso fue hace siglos y yo no estaba” con los que muchos gobiernos se escabullían de las reclamaciones.
Al menos 12,5 millones de africanos fueron capturados y vendidos entre los siglos XV y XIX en lo que califican como el mayor desplazamiento forzoso de la historia, una mudanza a la fuerza de las que dejan cicatrices hasta en los nietos de los nietos. Las peticiones de reparaciones —desde disculpas oficiales hasta compensación económica— han agarrado carrerilla internacional, aunque los detractores gritan que nadie debe pagar por crímenes de bisabuelos. La Unión Europea y Reino Unido se abstuvieron en una votación de marzo como quien se esconde detrás del sofá cuando llega la cuenta del restaurante.
Algunos Estados intentan zafarse en los tribunales con el cuento de que en aquella época no existían leyes internacionales que prohibieran la trata, el famoso principio de intertemporalidad que suena a excusa de abogado con despacho caro. Pero el documento de la ONU suelta que da igual cómo se calificaran entonces aquellos actos: los países siguen obligados a atajar las desigualdades estructurales que siguen vivas. La pasta sola no basta, añaden, e instan a medidas transformadoras como abrir archivos, revisar monumentos públicos y montar comisiones de la verdad independientes de las que no se quedan en foto bonita y discurso vacío.
Pela Boker-Wilson, experta liberiana del comité que ayudó a redactar el papel, espera que los Estados pasen de las lágrimas de cocodrilo a revisar de verdad sus políticas y leyes. “Instamos a medidas concretas y significativas”, dijo a Reuters. “Queremos reafirmar la dignidad de quienes sufrieron y fueron olvidados o minimizados”.
En resumen, la ONU ha sacado el recibo histórico y dice que la fiesta de la discriminación aún no ha cerrado el local. O se ponen a reparar con acciones serias o esto se pone más tenso que pelea de herencia en familia numerosa un domingo cualquiera. Que alguien avise cuando saquen la calculadora de verdad, porque el legado no se limpia con un “lo siento” de pasillo.
