La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles del esquema mediante el cual, según sus investigaciones, fueron desviados recursos públicos y posteriormente movilizados a través de una red relacionada con Genaro García Luna. El titular del organismo, Omar Reyes Colmenares, explicó que las operaciones involucraron empresas fachada, contratos gubernamentales con presuntos sobreprecios y compañías vinculadas con la familia Weinberg.
De acuerdo con la UIF, entre 2008 y 2018 se identificaron contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas relacionadas por más de 403.9 millones de dólares. Las investigaciones señalan una presunta simulación de servicios, participación coordinada de funcionarios y particulares y utilización de compañías fachada, entre ellas NUNVAV, INC.
Las autoridades financieras también identificaron que entre 2015 y 2017 García Luna habría fondeado al conglomerado empresarial con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares. La UIF señaló que la familia Weinberg desempeñó un papel relevante dentro del entramado mediante compañías beneficiadas con contratos gubernamentales presuntamente otorgados con sobreprecios, mecanismo que habría permitido disfrazar pagos, aparentar la prestación de servicios y aumentar la cantidad de recursos públicos extraídos.
Según las cifras presentadas por la UIF, el monto total relacionado con los recursos desviados asciende aproximadamente a 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. El organismo aseguró que el seguimiento de las operaciones financieras permitió reconstruir la ruta del dinero, identificar a personas y empresas involucradas y proporcionar elementos para emprender acciones legales encaminadas a recuperar activos relacionados con el esquema.
Como parte de esas acciones, el Estado mexicano inició procedimientos civiles en Estados Unidos para recuperar bienes vinculados con la red. Las autoridades informaron que recientemente México recibió 5.8 millones de dólares derivados de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en territorio estadounidense relacionadas con la familia Weinberg.
El caso financiero se desarrolla paralelamente a los procesos penales contra García Luna en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad Pública mexicano fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de cinco cargos relacionados con narcotráfico y posteriormente recibió una condena de 38 años de prisión, además de una multa de dos millones de dólares.
La defensa del exfuncionario presentó una apelación contra las resoluciones judiciales argumentando diversas irregularidades durante el proceso, entre ellas presuntos testimonios falsos, ocultamiento de evidencia favorable, restricciones durante los contrainterrogatorios y cuestionamientos sobre la sentencia. Mientras ese procedimiento continúa, las autoridades mexicanas mantienen las acciones encaminadas a rastrear y recuperar los recursos que atribuyen a la red financiera vinculada con García Luna.
