El candidato republicano a gobernador de Georgia, Rick Jackson, enfrenta cuestionamientos por el contraste entre su discurso de mano dura contra la inmigración irregular y las acusaciones presentadas contra una empresa de su conglomerado sanitario. Avant Healthcare Professionals, especializada en contratar enfermeras extranjeras para hospitales estadounidenses, fue señalada por trabajadoras migrantes de imponer contratos restrictivos, bajos salarios y fuertes penalizaciones económicas para quienes intentaban abandonar la compañía.
La demanda sostenía que algunas enfermeras fueron atraídas a Estados Unidos con oportunidades profesionales, pero posteriormente quedaron sujetas a condiciones que las demandantes describieron como una forma de servidumbre contractual. También acusaron a Avant de amenazar con contactar a las autoridades migratorias cuando algunas intentaron renunciar. La empresa negó haber cometido irregularidades y finalmente alcanzó un acuerdo que contempla alrededor de US$3 millones para más de 5,000 trabajadores actuales y antiguos, además de la condonación de determinadas tarifas pendientes.
La controversia adquiere relevancia política debido a que Jackson ha convertido la inmigración en uno de los principales temas de su campaña. El empresario republicano ha prometido respaldar políticas más estrictas y apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias. Su equipo sostiene, sin embargo, que existe una diferencia fundamental entre la inmigración irregular que Jackson pretende combatir y las enfermeras contratadas legalmente por Avant.
La campaña asegura que estas trabajadoras llegan a Estados Unidos después de cumplir los procedimientos migratorios correspondientes, aprenden inglés, pagan impuestos y ayudan a enfrentar la escasez de personal sanitario. Representantes de Jackson Healthcare también señalaron que el acuerdo judicial no representa una admisión de culpabilidad y explicaron que fue alcanzado para evitar los costos y las distracciones derivados de prolongar el litigio.
Jackson, de 72 años, construyó su fortuna dentro de la industria de contratación de personal sanitario. Fundó Jackson Healthcare y desarrolló una red de aproximadamente 20 compañías dedicadas a colocar médicos, enfermeros, administradores y otros trabajadores en hospitales y clínicas. Su trayectoria empresarial constituye uno de los principales argumentos de su campaña, que presenta su experiencia en los negocios como prueba de su capacidad para administrar Georgia.
Avant se incorporó al conglomerado en 2018 y su actividad depende especialmente de la contratación internacional de profesionales sanitarios. La compañía ya había enfrentado cuestionamientos antes de esa adquisición. En 2013, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Avant de favorecer a trabajadores extranjeros frente a estadounidenses en determinadas ofertas laborales. El caso terminó con un acuerdo que obligó a modificar prácticas de contratación y pagar una multa.
La polémica aparece en un momento decisivo para Jackson, quien sorprendió al Partido Republicano al ganar las primarias para gobernador. Ahora enfrenta a la demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, en una de las elecciones estatales que genera mayor atención. La inmigración se perfila como uno de los principales puntos de confrontación entre ambas campañas.
El caso podría complicar el mensaje político del republicano al exponer la dependencia que parte de su propio imperio empresarial mantiene respecto de trabajadores extranjeros. Mientras Jackson promete fortalecer las políticas migratorias y combatir la inmigración irregular, sus adversarios cuentan ahora con un episodio empresarial que podría alimentar el debate sobre las diferencias entre su discurso electoral y las prácticas de una compañía vinculada a su conglomerado.
