El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó ante legisladores su plan de acción en materia de investigación y sanciones, tras las recientes reformas que amplían las facultades del órgano para vigilar el uso de los recursos públicos.
Durante un encuentro privado con integrantes de las comisiones de vigilancia y anticorrupción en la Cámara de Diputados, se expuso la ruta operativa para implementar las nuevas atribuciones, entre las que destacan la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio, sancionar la falta de información, operar el Registro Nacional de Información y Datos, así como atender denuncias ciudadanas.
El auditor superior señaló que estos cambios representan una transformación institucional al permitir actuar de manera inmediata ante irregularidades, con mayores herramientas para investigar y sancionar. El nuevo marco legal, explicó, facilitará la presentación de denuncias en tiempo real y una fiscalización más efectiva.
Entre las acciones previstas se incluyen auditorías integrales, el uso de inteligencia de datos, una mayor cobertura en la revisión del gasto público y mecanismos de denuncia con seguimiento puntual.
La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, destacó que el nuevo esquema busca que las sanciones también tengan un carácter restaurativo, con el fin de reparar el daño al erario, incluyendo multas de hasta 200 mil pesos a servidores públicos.
Asimismo, se informó que habrá especial atención en los megaproyectos impulsados por la llamada Cuarta Transformación, con revisiones que abarcan no solo la ejecución de obras, sino también su operación y funcionamiento.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que la reforma fortalece las capacidades de la Auditoría para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.
Datos del órgano fiscalizador indican que, entre 2000 y 2024, se han recuperado más de 89 mil millones de pesos derivados de auditorías; sin embargo, aún permanecen pendientes por recuperar 101,467 millones de pesos correspondientes al gasto público. En ese mismo periodo, también se han presentado más de mil denuncias por posibles desvíos, así como decenas de miles de observaciones y promociones de responsabilidades administrativas contra funcionarios.
