El reciente acuerdo para impulsar la industria siderúrgica mexicana podría generar costos adicionales para las finanzas públicas, advirtieron analistas de Banamex. Aunque reconocen que el pacto busca fortalecer a un sector afectado por una fuerte contracción, alertan sobre posibles presiones presupuestarias si el gobierno incrementa su participación en la demanda de acero.
De acuerdo con el análisis, el principal riesgo es que el acero nacional resulte más caro que el importado, lo que elevaría el gasto público en obras de infraestructura como carreteras, hospitales y proyectos energéticos. En ese escenario, cada proyecto requeriría mayores recursos, lo que podría reducir el alcance de la inversión pública o forzar reasignaciones presupuestarias.
Los especialistas señalan que la industria siderúrgica opera actualmente con baja utilización de capacidad instalada, cercana a mínimos históricos, debido en parte a la competencia externa y a los aranceles internacionales. El pacto busca reactivar la producción nacional, pero su éxito dependerá de que no genere distorsiones de precios ni dependencia excesiva del gasto gubernamental.
Finalmente, Banamex advierte que, sin mejoras en productividad y competitividad, el acuerdo podría derivar en ineficiencias y mayores presiones fiscales. No obstante, también reconoce beneficios potenciales como la preservación de empleos, la reducción de importaciones y una posible recuperación del sector siderúrgico en el mediano plazo.
