Legisladores, autoridades electorales y representantes de organizaciones civiles plantearon aplazar la elección judicial prevista para 2027, con el objetivo de fortalecer su organización y garantizar mejores condiciones en la selección de jueces y magistrados.
Durante un foro realizado en el Senado, se discutió la conveniencia de que estos comicios se lleven a cabo en 2028, de manera independiente a los procesos electorales federales, en lugar de coincidir con la renovación de la Cámara de Diputados y diversas gubernaturas.
En el encuentro participaron consejeros del Instituto Nacional Electoral, legisladores y especialistas, quienes coincidieron en la necesidad de contar con más tiempo para ajustar aspectos técnicos y operativos del proceso.
La consejera Rita Bell López Vences señaló que la realización de elecciones concurrentes no representa un ahorro económico, como se ha argumentado, ya que los costos principales —como la capacitación— deben realizarse por separado debido a la naturaleza distinta de los procesos.
Explicó que, aunque las elecciones puedan celebrarse el mismo día, cada una implica gastos propios, lo que incluso podría duplicar los costos. Como referencia, mencionó que los comicios concurrentes de 2025 representaron un gasto cercano a los 15 mil millones de pesos.
Por su parte, la diputada Mariana Benítez indicó que la propuesta no busca modificar el fondo de la reforma judicial, sino mejorar su implementación para asegurar mayor calidad y legitimidad en quienes integran el sistema judicial.
Representantes de organizaciones como México Evalúa subrayaron la importancia de aprovechar el tiempo para realizar ajustes institucionales, evaluar adecuadamente a los aspirantes y evitar errores en el proceso.
En general, los participantes coincidieron en que posponer la elección permitiría fortalecer el diseño del proceso, mejorar los mecanismos de selección y consolidar un sistema judicial con mayor certidumbre y confianza pública.
