El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar un amparo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que quedó sin efecto una deuda superior a 5,800 millones de pesos que el organismo mantenía con el gobierno de la Ciudad de México por diversos conceptos fiscales.
La decisión se tomó por mayoría de seis votos contra uno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. El fallo determinó que los inmuebles del instituto, al formar parte del dominio público federal, están exentos del pago de contribuciones relacionadas con propiedad inmobiliaria, como el predial, nómina y derechos por suministro de agua.
El caso derivó de la revisión de un amparo en el que se analizaron adeudos correspondientes a ejercicios fiscales entre 2009 y 2013. En su argumentación, la ponente explicó que, al ser un organismo descentralizado de la administración pública federal, los bienes del ISSSTE están destinados a un servicio público y, por tanto, se encuentran bajo un régimen especial que los excluye de este tipo de gravámenes locales.
Asimismo, se consideró que el cobro de dicha cantidad habría tenido un impacto significativo en las finanzas del instituto, con posibles afectaciones en la prestación de servicios de salud, pensiones y otras prestaciones para sus derechohabientes.
La resolución establece que, conforme a la Constitución, este tipo de bienes no puede ser sujeto a impuestos locales, por lo que se invalidó el criterio previo que permitía el cobro por parte de autoridades capitalinas.
