La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por primera vez que las personas que viven en asentamientos irregulares también tienen derecho humano al acceso al agua potable, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar al menos un suministro mínimo.
El pronunciamiento del máximo tribunal se dio al otorgar un amparo a habitantes de la comunidad Los Kilómetros, ubicada en Ciudad Juárez, una zona poblada principalmente por migrantes desde la década de 1990 y que actualmente supera los 300 mil habitantes.
En esa comunidad, los residentes obtienen agua principalmente mediante tambos abastecidos por pipas que llegan cada 10 o 15 días, lo que limita el acceso regular al recurso.
El proyecto, elaborado por el ministro Arístides Guerrero García, fue aprobado por unanimidad por el pleno del tribunal tras una amplia discusión.
La sentencia establece que las autoridades deberán garantizar el suministro de agua a las personas que promovieron el amparo, incluso con el apoyo de la fuerza pública si fuera necesario, con el objetivo de proteger su integridad.
Además, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua deberán implementar un programa de infraestructura intermedia que contemple depósitos de almacenamiento para asegurar la distribución equitativa del agua.
Para ello, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua deberá garantizar recursos prioritarios destinados a las denominadas Zonas de Atención Prioritaria, con el fin de mejorar el acceso al servicio en estas comunidades.
