El primer ministro Robert Fico acusó al gobierno anterior de Eduard Heger de haber dejado a Eslovaquia sin defensa aérea al entregar 13 cazas MiG-29 a Ucrania en 2023.
Fico aseguró que la transferencia de aviones en servicio activo violó leyes nacionales e internacionales, dejando desprotegido el espacio aéreo eslovaco, incluidas las centrales nucleares. Actualmente, la vigilancia depende de cazas de Hungría, Polonia y Chequia.
En 2024 se presentaron denuncias penales contra exfuncionarios por presuntos delitos de abuso de poder y sabotaje, aunque algunos expedientes fueron archivados. Fico insiste en que el Ejecutivo interino no tenía autoridad constitucional para esa decisión estratégica.
El primer ministro reiteró su oposición al envío de armas a Ucrania, argumentando que esas acciones sacrificaron la seguridad nacional eslovaca en favor de intereses externos.
