La representación del PRI ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al organismo aclarar si existe un posible conflicto de interés en el nombramiento del actual encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Jesús Octavio García González, debido a su presunta vinculación previa como proveedor de materiales para el propio Instituto y otros entes electorales.
Durante una sesión extraordinaria, se subrayó la necesidad de garantizar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen la función electoral, al considerar que la correcta administración de los recursos del INE es un asunto de interés público y exige los más altos estándares de integridad institucional.
Se planteó que la confianza en las decisiones administrativas y financieras del organismo depende, en buena medida, de la claridad y certeza sobre la trayectoria y posibles vínculos de quienes encabezan áreas estratégicas. En ese sentido, se señaló que cualquier circunstancia que genere dudas razonables sobre la imparcialidad en la toma de decisiones debe ser atendida con una postura institucional clara y sin ambigüedades.
La solicitud se sustenta en versiones difundidas recientemente que apuntan a que el funcionario habría pasado, en un periodo relativamente corto, de desempeñarse como proveedor del Instituto a encabezar el área responsable de administrar y supervisar el uso de recursos públicos, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial del INE al respecto.
Ante este escenario, se pidió que el organismo electoral emita una posición institucional clara sobre la existencia o no de un conflicto de interés y, en caso de acreditarse, que se adopten las medidas legales correspondientes. Asimismo, se solicitó dar seguimiento puntual a los procedimientos que, en su caso, se encuentren en curso ante el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación.
