La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de 1997 a Panama Ports Company (filial de CK Hutchison, con capital chino), que opera los puertos de Balboa y Cristóbal en ambos extremos del Canal de Panamá. El fallo del 29 de enero de 2026 anula la ley y sus prórrogas por irregularidades detectadas por la Contraloría.
El dictamen debilita la presencia china en una zona estratégica por donde pasa cerca del 6% del comercio mundial. Pekín rechazó la decisión y prometió proteger a sus empresas; CK Hutchison la criticó y anunció posibles demandas.
El presidente José Raúl Mulino garantizó la continuidad: una filial de AP Moller-Maersk tomará el control temporalmente hasta una nueva licitación con reglas actualizadas.
Estados Unidos aplaudió el fallo. El secretario de Estado Marco Rubio escribió en X que Washington se siente “alentado” por la medida, alineada con la política de Trump para reducir la influencia china cerca del Canal, principal ruta de exportación estadounidense. Panamá reafirmó su soberanía plena y neutralidad sobre la vía.
