La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reformó las reglas para medir y comprobar el contenido nacional en las compras públicas, con el objetivo de utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la industria nacional y fortalecer las cadenas productivas internas, en concordancia con los objetivos del Plan México.
La dependencia informó que el nuevo acuerdo fue publicado este jueves en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, y actualiza las normas vigentes desde 2010, así como su reforma de 2025, que regulan la adquisición de bienes y la contratación de obra pública por parte del gobierno federal.
En un comunicado, la Secretaría destacó que la reforma es resultado de un proceso de diálogo con sectores productivos, entre ellos las industrias textil y de dispositivos médicos, con el fin de diseñar reglas más realistas y evitar regulaciones alejadas de la operación industrial.
Uno de los cambios centrales es la nueva metodología para calcular el contenido nacional, que ahora se basará en el costo neto de producción y no en el precio de venta. Esta modificación busca facilitar la participación de fabricantes nacionales, cooperativas y pequeñas empresas, y promover una mayor integración productiva en el país.
Asimismo, se establecen mecanismos más estrictos de acreditación, mediante los cuales los proveedores deberán comprobar documentalmente el porcentaje de contenido nacional declarado, con el propósito de garantizar un mínimo de 65 por ciento y asegurar que los beneficios de la contratación pública se reflejen en la economía mexicana.
El acuerdo también refuerza la verificación y el combate a la simulación, mediante la coordinación entre la Unidad de Contrataciones Públicas y los Órganos Internos de Control. Incluso, se podrán utilizar indicadores como el consumo de energía eléctrica y agua en plantas industriales para acreditar que la producción se realiza en territorio nacional. La Secretaría advirtió que se sancionará a quienes obtengan contratos sin cumplir con estos requisitos.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Previamente, se llevará a cabo un proceso de capacitación para proveedores y servidores públicos, a fin de garantizar una aplicación adecuada y transparente de la norma. Con esta reforma, señaló la dependencia, el contenido nacional deja de ser un principio declarativo y se convierte en una obligación verificable.
