México inició 2026 con un cambio notable en su política comercial al aplicar nuevos aranceles a importaciones provenientes de países con los que no tiene acuerdos de libre comercio, entre ellos China. La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación eleva tasas de hasta 50% para más de 1,400 productos, incluyendo bienes de consumo, electrónicos y autopartes, con el argumento de proteger sectores industriales nacionales y aumentar la recaudación fiscal.
La medida, que entró en vigor el 1 de enero, forma parte de un viraje estratégico del gobierno mexicano hacia políticas más proteccionistas tras años de comercio abierto. Aunque se espera reunir alrededor de 30,000 millones de pesos anuales en ingresos por estas tarifas, expertos advierten que podrían encarecer productos importados y presionar la inflación interna.
Pekín, por su parte, conserva una posición dominante en la región: China se ha consolidado como el principal socio comercial de varios países de Sudamérica y uno de los más importantes para la región latinoamericana en su conjunto, gracias al notable crecimiento del comercio bilateral en las últimas dos décadas.
El contraste entre la política arancelaria mexicana y la profundización de los lazos comerciales entre China y América Latina subraya tensiones en un contexto global de reconfiguración de cadenas productivas. Analistas señalan que, pese a las tarifas, la interdependencia económica con Pekín sigue siendo fuerte y podría influir en futuras decisiones de política comercial en México y la región.
