El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó este jueves al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional en materia ambiental que convierte al Guardián Forestal en un instrumento de rango superior y obliga a todos los gobiernos futuros a mantenerlo como política de Estado para la protección de los recursos naturales.
Con esta propuesta, Michoacán se convertiría en la primera entidad del país en exigir una opinión ambiental certificada para cualquier operación inmobiliaria —compra, venta, donación, comodato o regularización— de predios rurales, rústicos y agropecuarios, vinculando directamente el Registro Público de la Propiedad con el sistema Guardián Forestal.
“Quien compre un terreno sabrá exactamente la carga ambiental que trae: si está en zona protegida, si tiene cambio ilegal de uso de suelo o si está afectada por tala clandestina”, enfatizó el mandatario, al subrayar que la medida golpeará de frente a las redes de mafia inmobiliaria que durante años han fraccionado y comercializado ilegalmente huertas y bosques.
El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, explicó que la reforma obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño ambiental, incorpora la compensación obligatoria por afectaciones ecológicas y moderniza la gestión territorial mediante geoprocesamiento y análisis de datos espaciales, garantizando información pública, transparente y de acceso universal.
La iniciativa, recibida por el diputado Abraham Espinoza Villa, forma parte del nuevo Plan Michoacán y busca posicionar al estado con la legislación ambiental más avanzada de México.
