La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto que buscaba restringir la capacidad de las asociaciones civiles para promover amparos relacionados con violaciones al derecho a un medio ambiente sano. El planteamiento, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, proponía que el simple hecho de que una organización incluya la defensa ambiental en su acta constitutiva no es suficiente para acreditar interés legítimo en un juicio de amparo.
El proyecto se originó a partir de una denuncia de contradicción de criterios presentada por Greenpeace México. Según la ministra, dos tribunales colegiados habían emitido interpretaciones divergentes sobre el tema. No obstante, una mayoría de ministros concluyó que no existía una contradicción real, por lo que el fondo del asunto no debía analizarse.
Durante la sesión, algunos ministros señalaron que el tribunal colegiado que negó interés legítimo a una asociación lo hizo bajo el argumento de que las personas morales no poseen derechos humanos por ser entidades jurídicas, mientras que el otro tribunal analizó la legitimación a partir de elementos distintos, lo cual, a juicio de la mayoría, impedía hablar de un conflicto de criterios.
Varios integrantes del Pleno también consideraron que, por razones de competencia, el caso debía ser revisado por un Pleno Regional y no por la Suprema Corte. A pesar de ello, el análisis se mantuvo en la Corte, pero finalmente el proyecto fue rechazado por mayoría.
