En su primera aparición pública tras su retiro, la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, planteó que la reciente reforma judicial puede revertirse a través de la educación cívica y jurídica de la sociedad.
Durante un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Piña advirtió que la llegada de jueces electos sin carrera judicial tendrá un impacto directo en la ciudadanía, al afectar la calidad de las resoluciones.
“El ciudadano común va a sentir el cambio de que no sean juzgadores con carrera judicial”, señaló.
La exministra consideró que México enfrenta una “tormenta perfecta” contra la independencia judicial, derivada de la sobrerrepresentación política en el Congreso y de mecanismos que —a su juicio— vulneran la autonomía del Poder Judicial, como la elección popular de jueces y la creación de tribunales disciplinarios bajo control externo.
Reconoció que la reconfiguración del Poder Judicial Federal podría tardar al menos una década, pero insistió en que la educación ciudadana es clave para defender “una justicia de calidad”.
“Seguimos sin saber diferenciar entre poder judicial local y federal, entre policías y fiscales. Esa falta de conocimiento es lo que debemos cambiar”, sostuvo.
En el mismo evento, el ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo atribuyó el debilitamiento del Poder Judicial a una campaña de desprestigio impulsada desde el Ejecutivo, primero con Andrés Manuel López Obrador y después con Claudia Sheinbaum, a raíz del descontento con resoluciones de la Corte.
Pardo advirtió que los ataques generalizados contra los jueces apelaron a emociones más que a razones jurídicas, lo que, dijo, “dejó al Poder Judicial como enemigo del pueblo” y generó consecuencias difíciles de revertir.
“Un juez que busca el aplauso popular no cumple su función. Su deber es resolver con imparcialidad, aunque eso deje insatisfecha a una de las partes”, concluyó.
