La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una organización con sede en Cancún, Quintana Roo, acusada de facilitar el tráfico de personas hacia territorio estadounidense. La acción fue realizada en coordinación con agencias federales de ese país y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
De acuerdo con la OFAC, la llamada “organización de tráfico de personas Bhardwaj” está encabezada por Vikrant Bhardwaj, ciudadano con doble nacionalidad indo-mexicana, junto con su esposa, dos socios y 16 empresas señaladas por participar en una red que habría introducido ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos.
Aunque el Tesoro no precisó si se trata de un caso de trata de personas o de contrabando de migrantes, la sanción subraya que las víctimas eran originarias de países considerados por Washington como “amenaza para la seguridad nacional”.
“El objetivo de esta acción, en colaboración con nuestros socios policiales, es interrumpir la capacidad de esta red para introducir ilegalmente a inmigrantes en Estados Unidos”, señaló John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.
Según la investigación, la red operaba a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde los migrantes llegaban y eran alojados en hoteles locales antes de ser trasladados hacia la frontera norte mediante un corredor que incluía Tapachula, Cancún y Mexicali. La OFAC añadió que integrantes del Cártel de Sinaloa habrían brindado apoyo operativo a la red.
Además de Bhardwaj, las sanciones alcanzan a su esposa Indu Rani, también de nacionalidad indo-mexicana, acusada de manejar operaciones financieras y participar como accionista en diversas empresas en India y México.
Entre los socios sancionados se encuentran José Germán Valadez Flores, señalado como empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo.
La acción fue coordinada por la OFAC junto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la UIF de la Secretaría de Hacienda mexicana.
