Los bloqueos encabezados por más de 200 purificadores y conductores de pipas en el Estado de México, que desde las 6:00 de este lunes paralizan la caseta de Tepotzotlán, la carretera México-Texcoco y avenidas clave en Nezahualcóyotl y Ecatepec, son una reacción inaceptable de quienes se benefician del comercio ilícito del agua.
Alegando desabasto y pérdida de empleos, los manifestantes exigen reabrir 51 pozos clandestinos clausurados por la Operación Caudal, ignorando que estas acciones protegían una red criminal que sobreexplotaba el recurso hídrico y extorsionaba a la ciudadanía con precios abusivos, afectando a comunidades, hospitales y escuelas que ahora usan como pretexto.
La Fiscalía del Estado de México merece reconocimiento por desarticular, con precisión quirúrgica, una estructura delictiva que operaba con impunidad. A través de 142 cateos y 47 inspecciones, se documentó cómo pozos sin permisos y tomas clandestinas abastecían pipas, incluidas las llamadas «salchichas», que distribuían agua apenas clorada a costos inflados: hasta 59% más en Ecatepec, 41.4% en Cuautitlán, 32.42% en Tlalnepantla y 9.95% en Toluca, frente a los 1,131 pesos regulados por 10,000 litros. La Operación Caudal aseguró 322 pipas, 37 vehículos y detuvo a siete personas, garantizando que los pozos legales operen sin interrupciones.
Las autoridades han asegurado el abasto oficial, desmontando las excusas de los bloqueadores y demostrando un compromiso firme contra el huachicoleo que por años ha saqueado el agua de los mexiquenses.
