El pleno de la Cámara de Diputados aprobó gravar los sueros orales y las bebidas electrolíticas con azúcares añadidos o edulcorantes con un impuesto de 3.08 pesos por litro, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, como parte de las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
No obstante, los sueros que contengan exclusivamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico —según la fórmula establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Sales de Rehidratación Oral (SRO)— quedarán exentos del pago.
Los diputados justificaron la medida argumentando que se busca regular el consumo excesivo e inapropiado de estas bebidas, que pueden ser usadas incluso sin registro sanitario. Señalaron que en ciertos casos, como pacientes con vómitos persistentes, íleo o shock, la administración indiscriminada de sueros puede agravar la condición clínica.
El diputado José Antonio López Ruíz (PT), uno de los promotores del gravamen, explicó que la propuesta surgió para cerrar un vacío fiscal en el caso de sueros y bebidas con electrolitos que no son de primera necesidad. De acuerdo con estimaciones, el impuesto podría reducir en un 7% el consumo de estas bebidas durante los primeros dos años y generar hasta 41 mil millones de pesos adicionales, los cuales se propone destinar al fortalecimiento del sistema de salud, principalmente en políticas preventivas.
Por su parte, el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) destacó que la medida evita que las bebidas comerciales con azúcares o aditivos se presenten como medicamentos para evadir el IEPS. Aclaró que los sueros médicos con los cuatro componentes esenciales seguirán exentos, reconociendo su función terapéutica.
Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en San Lázaro, señaló que la industria de sueros orales y electrolitos no participó en negociaciones para modificar este impuesto, a diferencia de las refresqueras, y que la medida busca simplemente aplicar la ley de manera clara y uniforme.
Eduardo Clark García, subsecretario de Salud, agregó que aunque se ha dialogado con la industria de electrolitos, el impuesto se implementa sin acuerdos específicos con los fabricantes, considerando que el impacto de estas bebidas en enfermedades cardiometabólicas es relativamente pequeño.