La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México se mantiene entre las naciones más peligrosas del continente para ejercer la defensa de los derechos humanos, especialmente en temas ambientales, de búsqueda de personas desaparecidas, diversidad sexual y defensa del territorio, de acuerdo con su Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.
Según el Global Analysis 2022, el país ocupó el tercer lugar a nivel mundial en asesinatos de personas defensoras, con 45 víctimas, solo detrás de Colombia (186) y Ucrania (50).
La CIDH señaló que en el 43.1% de los casos la responsabilidad recaería presuntamente en funcionarios públicos, en el 33.5% en la delincuencia organizada y en el 23.4% en personas no identificadas. Los ataques se concentran en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, zonas con presencia de megaproyectos extractivos, conflictos comunitarios y altos niveles de impunidad.
Entre 2019 y 2023, 91 defensores fueron asesinados en México por causas relacionadas con su labor, y desde 2006 hasta mayo de 2022 se registraron 220 desapariciones, muchas de ellas aún sin resolver.
La violencia contra defensores ambientales es particularmente grave: 93 desaparecieron entre 2006 y 2023, de los cuales 39 siguen sin ser localizados. Más del 40% de los asesinatos de activistas se vinculan con operaciones mineras, según el informe.
La CIDH también subrayó el uso de la criminalización como herramienta para inhibir la protesta, citando el caso de Kenia Hernández, defensora indígena sentenciada a diez años de prisión en 2022 y con siete causas penales más en su contra.
Mujeres defensoras y buscadoras: doble riesgo
El organismo reportó que al menos diez personas fueron asesinadas por realizar labores de búsqueda entre 2018 y mayo de 2023, entre ellas Ángela Almeras León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, y Teresa Magueyal, integrante de Una Promesa por Cumplir.
Las mujeres buscadoras y defensoras enfrentan estrés extremo, violencia sexual, amenazas y campañas de desprestigio digital, además de cargas económicas adicionales. Entre 2012 y 2023, 73 defensoras fueron asesinadas y las agresiones digitales contra ellas aumentaron 41% en 2023 respecto al año anterior.
La Comisión expresó su preocupación por discursos estigmatizantes de figuras públicas, que califican a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo” o “pseudoambientalistas”. El informe menciona, en particular, declaraciones del Ejecutivo Federal que señalaron a nueve organizaciones civiles de recibir fondos extranjeros para oponerse al Tren Maya, descalificándolas como “benefactoras disfrazadas de ambientalistas”.
