La iniciativa de Ley General de Aguas endurece sanciones y redefine la gestión del recurso en el país
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este jueves a la Cámara de Diputados su iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de regular el uso del agua en los procesos productivos, ordenar las concesiones y garantizar su disponibilidad para toda la población.
El proyecto plantea un nuevo marco normativo que tipifica los delitos hídricos, endurece sanciones contra el robo o uso irregular del recurso y establece mecanismos de supervisión y sanción más estrictos.
Delitos hídricos y sanciones
La iniciativa crea un capítulo V denominado “Delitos Hídricos”, en el que se establece que las conductas ilícitas relacionadas con el agua se perseguirán de oficio.
Entre las sanciones propuestas destacan:
- De dos a diez años de prisión para quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin autorización, o altere, desvíe u obstruya cauces y corrientes afectando las condiciones hidráulicas.
- Hasta nueve años de cárcel para quien modifique o manipule medidores de agua con el fin de simular un consumo menor.
- Hasta 12 años de prisión para los servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de beneficios personales o para terceros con los que mantengan vínculos familiares, laborales o de negocios.
- De uno a 12 años de prisión para particulares que incurran en actos de corrupción con el propósito de obtener concesiones.
Además, se contemplan multas de hasta 50,000 UMA —equivalentes a unos 5 millones de pesos— a quienes exploten volúmenes mayores a los autorizados, realicen obras en zonas vedadas o reservadas sin permiso, modifiquen el uso de suelo concesionado o transmitan títulos de concesión sin autorización.
Reasignación y control del recurso
Otro de los cambios más relevantes es que el Estado mexicano asumirá la responsabilidad exclusiva de regular el uso del agua, eliminando el régimen de transmisión de derechos entre particulares.
Toda concesión no utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Conagua, que decidirá su reasignación conforme al nuevo Registro Nacional del Agua, instrumento que verificará que el recurso sea utilizado para el propósito originalmente concesionado.
Asimismo, se creará un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, destinado a redistribuir los volúmenes del recurso de acuerdo con criterios de equidad y disponibilidad.
Facultades del Ejecutivo y derecho humano al agua
La iniciativa establece que será el Ejecutivo Federal quien determine los volúmenes de extracción, uso y descarga autorizables, así como los límites y modalidades aplicables a las concesiones y asignaciones, en atención al interés público.
También se precisan medidas para garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, en especial para consumo personal y doméstico.
Las entidades federativas deberán promover la instalación de sistemas de captación pluvial y fomentar su inclusión en los códigos de construcción y leyes de propiedad, asegurando que cada vivienda o unidad condominal cuente con capacidad mínima de almacenamiento para cubrir necesidades básicas.
