Especialistas señalan falta de presupuesto y riesgos en la gestión comunitaria del agua
La iniciativa que busca expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales podría derivar en un incremento de la burocracia, mayor informalidad en la gestión del recurso y problemas operativos si no se acompaña de un financiamiento suficiente, advirtieron especialistas consultados por El Economista.
José Antonio Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte, reconoció como un avance el reconocimiento del agua como bien estratégico y derecho humano, pero subrayó que la mayoría de los 28,000 comités comunitarios que administran el recurso en zonas rurales e indígenas carecen de respaldo jurídico y recursos económicos.
“Decir que se les va a reconocer el derecho a gestionar el agua está bien, pero ¿cómo van a pagar las concesiones o mantener la infraestructura si no tienen dinero ni apoyo legal? Se necesitaría un estudio mucho más profundo para atender su realidad”, señaló.
El académico también advirtió que el proyecto no aborda con claridad los temas de sustentabilidad ambiental ni los caudales ecológicos, fundamentales para conservar los flujos naturales de los ríos y ecosistemas.
Por su parte, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuestionó la propuesta que prohíbe el traspaso o venta de concesiones y obliga a devolver al Estado aquellas que no se utilicen. Dicha medida, dijo, podría afectar a pequeños usuarios.
“Si un productor agrícola vende su rancho, ya no podría transferir la concesión de agua al nuevo propietario; tendría que devolverla a Conagua, que decidiría si la reasigna o no. Esto eleva los costos y fomenta la informalidad en un sector donde ya existen malas prácticas”, explicó.
Ocampo consideró que, en lugar de reforzar la inspección y supervisión para evitar abusos, la iniciativa crea nuevos incentivos para operar fuera de la ley.
En tanto, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, alertó que la inclusión de un capítulo sobre delitos hídricos —que endurece sanciones por robo o extracción ilegal del recurso— es positiva, pero insuficiente si no se fortalece la capacidad institucional.
“El esquema de inspección fue prácticamente desmantelado con la austeridad republicana. Hoy hay muy pocos inspectores para revisar pozos o detectar extracciones ilegales. Sin más presupuesto y personal especializado, no habrá forma de prevenir los delitos”, sostuvo.
Los expertos coincidieron en que la reforma hídrica requiere mayor asignación presupuestal para su aplicación efectiva. Recordaron que organismos internacionales recomiendan invertir al menos 1% del PIB en infraestructura hídrica, una meta aún lejana para México.
