Al cumplirse hoy 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a “redoblar sus esfuerzos” para determinar el paradero de los jóvenes, ya que, subrayó, persisten las obligaciones de búsqueda, verdad y justicia.
Particularmente señaló que continúa vigente la medida cautelar 409/14, emitida por esta instancia el 3 de octubre de 2014. En dicha resolución, la Comisión solicitó al Estado mexicano determinar la suerte o paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
También requirió prestar atención a los estudiantes sobrevivientes de los violentos ataques de aquella noche.
“Desde entonces, la CIDH ha acompañado activamente a las familias y al Estado en las distintas iniciativas impulsadas para garantizar verdad, justicia y reparación integral”, indicó.
En un pronunciamiento, la Comisión Interamericana refirió que en su último informe la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) advirtió el posible involucramiento del crimen organizado, policías, militares y otras autoridades estatales en la desaparición de los normalistas.
Pese a lo anterior, 11 años después, “el Estado no termina de esclarecer las circunstancias de la desaparición y las familias continúan sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos”, apuntó.
LA CIDH también hizo notar que en los últimos años las víctimas y sus representantes mostraron preocupación por la falta de efectividad de los espacios de diálogo; la percepción de obstáculos en el acceso a la justicia, manifestada en el otorgamiento presuntamente irregular de beneficios procesales a militares; y la persistencia de la negativa de entregar documentación que se encontraría bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo expresó su preocupación por el hecho de que las madres y padres de los 43 normalistas han manifestado temor al regreso de la verdad histórica y cuestionamientos de autoridades hacia sus representantes legales y órganos de derechos humanos que han activado mecanismos internacionales para atender el caso.
La Comisión Interamericana destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum haya retomado el diálogo directo con las familias, reafirmando su compromiso de llegar al esclarecimiento de los hechos y obtener verdad y justicia, anunciando públicamente nuevas líneas de investigación, resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia.
