El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) atraviesa por una reducción sostenida en su cobertura y enfrenta un subejercicio significativo de recursos, lo que limita el acceso a servicios básicos en comunidades rurales del país.
De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda, en 2024 se beneficiaron 44,481 habitantes con obras de agua potable, una caída de 34.9% respecto a 2018 y de 82.1% en comparación con 2015, cuando alcanzó a 247,998 personas. En materia de alcantarillado, el programa atendió a 26,279 habitantes, una baja de 69.1% frente a 2015, aunque con un repunte de 68.9% respecto a 2018.
Las cifras preliminares de enero a junio de 2025 indican que Proagua impactó a 37,486 personas con proyectos de agua potable y apenas a 11,772 con alcantarillado. La inversión federal ejercida ascendió a 749 millones de pesos, de los cuales 228.2 millones se destinaron a estados con pobreza extrema, beneficiando a 11,736 habitantes.
Sin embargo, el avance en el gasto ha sido limitado. Según la Secretaría de Hacienda, hasta junio solo se habían pagado 32.5 millones de pesos de los 2,170 millones aprobados para el programa, equivalente a 1.5% del total.
Roberto Constantino, investigador de la Red de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que este rezago refleja un subejercicio preocupante:
“Hay disponibilidad de recursos, pero los proyectos nuevos no están llegando de forma suficiente. No sabemos si ya están comprometidos o simplemente no se recibieron propuestas técnicas”, señaló.
El especialista recordó que el éxito del programa depende de la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para presentar proyectos técnicamente viables:
“Existe una corresponsabilidad de las administraciones locales. Si no hay propuestas sólidas, el programa no puede ejercer los recursos”, enfatizó.
Retos estructurales
La Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) elaborada por el Coneval y la Unidad de Evaluación de Conagua entre 2020 y 2021 identificó múltiples debilidades del programa:
- Alta rotación de personal en organismos operadores.
- Proyectos con bajo rigor técnico-financiero.
- Influencia de agendas políticas estatales en la priorización de obras.
Entre las recomendaciones destacan reforzar la capacitación técnica y financiera de los operadores, integrar carteras de proyectos viables antes de cada ejercicio presupuestario y establecer criterios claros de priorización para atender primero a las comunidades con mayores carencias.
