El mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México, valorado en US$9,000 millones anuales, consume 8.3 millones de toneladas a 20 pesos por kilo, generando 168,000 millones de pesos. Abastece al 80% de los hogares como combustible principal, superando a leña y gas natural, pero enfrenta concentración en seis grupos que controlan el 90% de ventas, limitando competencia y elevando riesgos económicos.
La explosión de un camión de Silza en Iztapalapa, con ocho muertos y casi 100 heridos, expone debilidades regulatorias: solo el 1% de 4,000 distribuidores tiene permisos, fomentando «piratas» que evaden normas de seguridad y calidad. La Fiscalía investiga a Grupo Tomza (8.2% del mercado), que carecía de seguros para el vehículo, incrementando costos indirectos por accidentes en indemnizaciones y pérdidas productivas, potencialmente erosionando 0.5% del PIB.
Económicamente, la regulación estricta en composición (mínimo 2.5% etano, máximo 60% propano) falla en comisionistas y mantenimiento, priorizando techos de precios contra inflación sobre seguridad. Esto desincentiva inversión en infraestructura, eleva volatilidad en precios y confianza del consumidor, afectando un bien esencial en hogares y exportaciones energéticas.
Hacia el futuro, urge una autoridad para perseguir informales y regular comisionistas, pese a resistencias por costos. Promover gas natural (solo 7% del mercado) podría mitigar riesgos, pero el arraigo del GLP desde los 40 complica la transición, frenando crecimiento en un sector clave bajo la soberanía energética de Sheinbaum.
