El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este 4 de septiembre de 2025 a la Corte Suprema intervenir de urgencia para preservar sus aranceles globales, tras un fallo adverso de un tribunal federal de apelaciones que cuestionó su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. La administración pide argumentos orales en noviembre, con una decisión posible para finales de 2025 o mediados de 2026. Este litigio, impulsado por estados demócratas y pequeñas empresas, amenaza con invalidar miles de millones en impuestos a importaciones, elevando la tasa arancelaria promedio al 16.3%, la más alta en un siglo.
Los aranceles, conocidos como «Día de la Liberación» desde abril de 2025, imponen tasas del 10% al 50% sobre la mayoría de las importaciones, justificadas por déficits comerciales crónicos y amenazas como el tráfico de fentanilo desde China, México y Canadá. El Departamento de Justicia, representado por el fiscal general D. John Sauer, argumenta que la IEEPA permite «regular importaciones», incluyendo aranceles, y advierte que anularlos desarmaría unilateralmente a EE.UU., exponiendo su economía a represalias extranjeras y rompiendo acuerdos comerciales preliminares.
Económicamente, un revés para Trump podría reducir la tasa arancelaria a la mitad, afectando billones de dólares en comercio global y obligando reembolsos de decenas de miles de millones, según analistas de Bloomberg Economics. Esto retrasaría el impulso económico esperado, impactando sectores como acero, aluminio y automóviles, aunque estos aranceles bajo otras leyes permanecen intactos. La medida, comparada con los aranceles Smoot-Hawley de 1930, busca nivelar el campo para empresas y trabajadores estadounidenses, pero críticos señalan que viola la autoridad constitucional del Congreso sobre tarifas.
