Intel, el gigante estadounidense de semiconductores, acordó ceder el 10% de sus acciones al gobierno de Estados Unidos como parte de un plan para fortalecer la producción doméstica de chips, anunció la Casa Blanca. La decisión, impulsada por el presidente Donald Trump, convierte en capital social parte de las subvenciones otorgadas a Intel bajo la Ley CHIPS y Ciencia, que destinó US$10,900 millones a la empresa para impulsar la industria tecnológica frente a la competencia china.
El acuerdo generó una caída del 3.2% en las acciones de Intel en el Nasdaq, cotizando a US$23.78, lo que refleja la incertidumbre de los inversionistas ante la intervención estatal. La transacción busca garantizar que Intel, con plantas en Arizona y Ohio, acelere la producción de semiconductores clave para inteligencia artificial y defensa, sectores prioritarios para la administración Trump. En 2024, Intel generó ingresos por US$55,200 millones, pero reportó pérdidas operativas de US$1,600 millones, según su informe financiero.La cesión de acciones se enmarca en un contexto de tensiones comerciales, con aranceles del 25% a importaciones tecnológicas de China, que han encarecido componentes y afectado a fabricantes como Apple.
La medida también responde a la presión de Trump para repatriar cadenas de suministro, en un esfuerzo por reducir la dependencia de Asia, que controla el 70% de la producción global de chips, según la Semiconductor Industry Association. México, que exportó US$12,000 millones en componentes electrónicos a EU en 2024, podría beneficiarse indirectamente si Intel expande su producción regional, según la Secretaría de Economía.Sin embargo, analistas de Goldman Sachs advierten que la participación estatal podría limitar la autonomía de Intel, afectando su competitividad frente a rivales como TSMC.
La empresa enfrenta retos, con un recorte de 15,000 empleos anunciado en julio y una proyección de crecimiento del 2% para 2026, por debajo del 5% del sector, según Moody’s. La Casa Blanca defendió el acuerdo, asegurando que fortalecerá la seguridad económica y tecnológica, aunque críticos señalan riesgos de politización en la gestión empresarial. Este movimiento marca un precedente en la relación entre el gobierno y la industria tecnológica en EU.
