En su informe final de gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra presidenta Norma Piña Hernández resaltó la trascendencia de la reforma judicial de 1994, impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, y advirtió que el porvenir del Poder Judicial estará condicionado a la preservación de su autonomía, imparcialidad y respeto al Estado de derecho.
El documento, de 563 cuartillas, fue publicado brevemente en el portal de la Corte la tarde de este jueves, aunque minutos después fue retirado. El próximo 26 de agosto, la ministra ofrecerá un resumen público de su gestión, mientras que los ministros Loretta Ortiz Ahlf y Javier Laynez Potisek presentarán también sus balances como presidentes de la Primera y Segunda Sala, órganos que desaparecerán el 31 de agosto con la entrada en vigor de la reforma judicial promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un periodo inédito y complejo
Piña describió los casi tres años de su presidencia como uno de los contextos “más complejos en la historia reciente” del máximo tribunal. A las presiones externas se sumaron limitaciones internas, incluyendo menos recursos y menor tiempo del previsto para cumplir los objetivos de gestión, debido a los cambios constitucionales.
“El reto fue cumplir los objetivos planteados al inicio de la gestión (…) sin que ello comprometiera la calidad de nuestra función jurisdiccional”, señaló.
La ministra subrayó que, pese a las dificultades, la SCJN resolvió asuntos de alto impacto en seguridad, derechos humanos, división de poderes y control constitucional, reafirmando su rol como árbitro de la vida democrática.
El legado de 1994
En su análisis, Piña enmarcó la coyuntura actual recordando la reforma de 1994, que redujo el número de ministros, redefinió a la SCJN como tribunal constitucional y le otorgó un papel central en la defensa de derechos humanos y en el equilibrio entre poderes.
Afirmó que este modelo permitió construir un tribunal con legitimidad democrática y capacidad de respuesta frente a los retos de un país en constante cambio.
Autonomía, condición para el futuro
La ministra presidenta cerró su informe con un mensaje de advertencia: el futuro del Poder Judicial dependerá de la defensa irrestricta de su independencia frente al poder político.
“Será la sociedad, y no el poder político, la que juzgue la solidez de las instituciones y el legado del modelo judicial inaugurado en 1994”, puntualizó.
Con su salida, concluye un periodo de fuertes tensiones institucionales y deja abierta la incógnita sobre la dirección que tomará la justicia en México en el nuevo marco constitucional.
