El plan fiscal del presidente Donald Trump, que incluye un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo desde Estados Unidos, podría generar una recaudación de entre 250 y 294 millones de dólares anuales solo por los envíos a México, según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Sin embargo, esta medida, aprobada por el Senado estadounidense el 1 de julio, ha encendido las alarmas en México, donde las remesas representan el 3.5% del PIB, con un flujo récord de 64,745 millones de dólares en 2024.
La propuesta, parte del paquete fiscal bautizado por Trump como “el gran y hermoso proyecto de ley”, grava únicamente las transferencias en efectivo, que constituyen el 0.9% del total, ya que el 99% de las remesas se realiza electrónicamente, exentas de este impuesto. No obstante, analistas advierten que podría incentivar el uso de canales informales, aumentando el riesgo de participación de organizaciones criminales. Gabriela Siller, de Grupo Financiero Base, señaló que la caída de remesas, que en abril se desplomaron 12.1% a 4,761 millones de dólares, refleja el deterioro del mercado laboral en EU y el temor a deportaciones.
El impacto económico en México sería significativo, especialmente en estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que concentran el 40% de las remesas. Estas son vitales para el consumo (49.8%) y el pago de servicios (37.7%). La presidenta Claudia Sheinbaum descartó reembolsos directos, pero propuso un programa a través de la tarjeta Finabien para mitigar el impacto en migrantes. México busca negociar con EU para eliminar el gravamen, argumentando que viola acuerdos de 1994 contra la doble tributación.
Expertos como Gerónimo Ugarte, de Valmex, sugieren que el impacto podría ser limitado, ya que los migrantes podrían ajustar sus envíos para compensar el impuesto. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que gravar remesas es regresivo, afectando a los más vulnerables y reduciendo la inclusión financiera. La incertidumbre se agrava por las políticas migratorias de Trump, que podrían moderar aún más los flujos de remesas, afectando a millones de familias mexicanas y la estabilidad económica del país.
