La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa imponer un nuevo límite a la admisión de refugiados, fijándolo en aproximadamente 40,000 personas para el próximo año fiscal, según fuentes gubernamentales citadas por Reuters. Esta medida representaría una significativa reducción respecto a los niveles actuales y refleja la postura de endurecimiento migratorio del mandatario, quien busca priorizar la seguridad nacional y la reestructuración del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP).
Durante su primer mandato, Trump ya había implementado restricciones severas, reduciendo el tope de refugiados a mínimos históricos. En contraste, la administración anterior de Joe Biden elevó el límite a 125,000 para el año fiscal 2024, permitiendo la entrada de más de 100,000 personas, incluyendo 27,308 en lo que va del 2025, de los cuales 5,106 provienen de América Latina, según datos del Centro de Procesamiento de Refugiados del Departamento de Estado. La propuesta actual generaría un impacto directo en miles de solicitantes, muchos de los cuales ya enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad.
El decreto firmado por Trump, titulado “Realineamiento del Programa de Admisión de Refugiados”, suspende temporalmente las decisiones sobre solicitudes de asilo hasta que el USRAP se ajuste a los “intereses nacionales”. La orden prioriza la admisión de refugiados que puedan “asimilarse completamente” a la sociedad estadounidense, un criterio que ha generado críticas por su ambigüedad. Organizaciones como el Comité Internacional de Rescate han advertido que esta restricción podría agravar la crisis humanitaria global, afectando a personas en condiciones desesperadas.
Expertos en migración, como Stephanie Nawyn de la Universidad Estatal de Michigan, han señalado que muchos refugiados, algunos a punto de viajar a EE.UU., ahora enfrentan incertidumbre tras vender sus pertenencias o perder sus hogares. A pesar de la suspensión, el decreto permite admisiones excepcionales caso por caso, siempre que no representen una “amenaza” para la seguridad.La medida también incluye la clausura de las Oficinas de Movilidad Segura en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, creadas en 2023 para facilitar vías legales de migración.
Esta decisión ha generado críticas en América Latina, donde se esperaba que estas oficinas aliviaran la presión migratoria. Organizaciones internacionales y activistas han instado a reconsiderar estas políticas, argumentando que el reasentamiento de refugiados impulsa las economías locales. Sin embargo, el gobierno de Trump insiste en que las reformas son esenciales para proteger los intereses estadounidenses.
