La posibilidad de un intercambio territorial entre Ucrania y Rusia, planteada en medio de las tensiones geopolíticas actuales, se enfrenta a un obstáculo insalvable: la Constitución ucraniana. Según el artículo 73 de la Carta Magna, cualquier alteración de las fronteras del país requiere la aprobación de un referéndum nacional, lo que imposibilita negociaciones directas para ceder territorios, como los ocupados por Rusia en el este y sur del país.
La propuesta de un intercambio de tierras ha surgido en el contexto de las recientes advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio un ultimátum a Rusia para alcanzar una tregua en el conflicto ucraniano antes del 22 de agosto, bajo amenaza de imponer aranceles del 25% a sus exportaciones. Sin embargo, expertos en derecho constitucional ucraniano señalan que la rigidez de la legislación nacional complica cualquier acuerdo que implique la cesión de regiones como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia o Crimea, ocupadas parcial o totalmente por Rusia desde 2014 y 2022.
“La Constitución es clara: el territorio de Ucrania es indivisible y cualquier cambio debe pasar por la voluntad popular en un referéndum”, explicó Olena Petrova, jurista de la Universidad de Kiev. Este requisito, además de reflejar el fuerte sentimiento nacionalista, busca garantizar que decisiones trascendentales no dependan únicamente de las élites políticas. Sin embargo, organizar un referéndum en tiempos de guerra, con millones de desplazados y territorios bajo control ruso, es prácticamente inviable.
El presidente Volodímir Zelenski ha reiterado que Ucrania no está dispuesta a ceder soberanía, calificando cualquier propuesta de intercambio como una “rendición inaceptable”. Por su parte, Rusia ha mostrado poco interés en negociar bajo estas condiciones, manteniendo su control militar sobre amplias zonas del este ucraniano.
Analistas internacionales advierten que la presión de potencias externas, como Estados Unidos, podría intensificar las tensiones si no se encuentra una vía diplomática viable. Mientras tanto, la ciudadanía ucraniana, agotada por más de tres años de conflicto, se debate entre la defensa de su integridad territorial y el deseo de paz. La rigidez constitucional, aunque protege la soberanía, plantea un desafío monumental para cualquier resolución negociada del conflicto.
