El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de la Guardia Nacional a Washington D.C. para reforzar la seguridad en la capital, argumentando una escalada de violencia que, según él, ha convertido a la ciudad en un epicentro de delincuencia comparable a zonas de conflicto. La medida, respaldada por una ley federal que otorga al Ejecutivo control sobre la policía local en emergencias, incluye también el despliegue de agentes del FBI, la DEA y la ATF durante al menos una semana, según informó la Casa Blanca.
En una conferencia de prensa, Trump justificó la intervención señalando que Washington enfrenta una “crisis de seguridad” con un índice de homicidios de 27.54 por cada 100 mil habitantes, superando, según sus datos, a ciudades como Bogotá y Ciudad de México. El presidente atribuyó el problema a “bandas violentas y criminales sin control”, y citó un reciente intento de robo a un exfuncionario como detonante de la acción. “Nuestra capital debe ser un lugar seguro, no un campo de batalla”, afirmó, acompañado por la fiscal general Pam Bondi y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Sin embargo, estadísticas del Departamento de Justicia contradicen las afirmaciones de Trump, revelando que los delitos violentos en Washington han disminuido significativamente en los últimos dos años, alcanzando su nivel más bajo en tres décadas a principios de 2025. Críticos señalan que la medida podría ser una maniobra política para consolidar el control federal en una ciudad que históricamente ha apoyado a candidatos demócratas, como Kamala Harris en las elecciones de 2024.
La decisión ha generado reacciones internacionales, particularmente en México y Colombia, donde las comparaciones de Trump han sido calificadas como “desproporcionadas” y “estigmatizantes”. La Cancillería mexicana no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero analistas advierten que estas declaraciones podrían complicar las relaciones bilaterales en un momento de tensas negociaciones comerciales. En Washington, residentes y activistas han expresado preocupación por la militarización de la ciudad y el posible impacto en las libertades civiles. La intervención, que marca un precedente en el uso de poderes federales, será vigilada de cerca por la comunidad internacional, en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos.
