El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una directiva secreta que ordena al Pentágono emplear la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina, designados como organizaciones terroristas por su administración, según reveló The New York Times. La medida, que marca una escalada sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico, permite operaciones militares directas en suelo extranjero y aguas internacionales, enfocándose en el tráfico de fentanilo, responsable de la crisis de sobredosis en Estados Unidos.
La orden, firmada en secreto, otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses la autoridad para perseguir, capturar o neutralizar a miembros de cárteles como el de Sinaloa, el Tren de Aragua y el denominado Cártel de los Soles, al que Washington vincula al presidente venezolano Nicolás Maduro. La Casa Blanca ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”. En 2024, Estados Unidos exportó bienes por 503,260 millones de dólares desde México, pero Trump señala al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional.
La decisión plantea serios cuestionamientos legales. Expertos advierten que matar a civiles sospechosos sin una amenaza inminente podría considerarse “asesinato” bajo el derecho internacional, especialmente sin autorización del Congreso. Operaciones previas, como la invasión de Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega, fueron condenadas por la ONU como violaciones al derecho internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó el impacto en su país, afirmando que la medida se centra en territorio estadounidense y no implica incursiones en México.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de Trump, que incluye el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México y la designación de cárteles como organizaciones terroristas desde enero de 2025. Sin embargo, analistas como Guadalupe Correa-Cabrera señalan que la medida podría limitarse a sanciones económicas, como cancelación de visas o bloqueo de activos, en lugar de incursiones militares directas. La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, observa con preocupación el riesgo de una escalada que desestabilice la región, mientras México y Venezuela refuerzan su postura de no intervención.
