El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que los migrantes expulsados bajo su política migratoria son “difíciles de reemplazar” en sectores clave de la economía, afirmando que “la gente aquí no hace ese trabajo”. La declaración, realizada durante un mitin en Georgia, refleja un desafío inesperado para su administración, que ha intensificado las deportaciones masivas desde su regreso al poder.
En 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a más de 300,000 migrantes, principalmente de México, Centroamérica y Venezuela, enfocándose en trabajadores de industrias como la agricultura, la construcción y la hostelería. Estas ocupaciones, que emplean a un 60% de los trabajadores indocumentados, enfrentan ahora una escasez de mano de obra, según el Departamento de Trabajo. En California, el sector agrícola reporta pérdidas de 1,800 millones de dólares debido a la falta de recolectores, mientras que la construcción en Texas ha visto retrasos en proyectos por 2,500 millones de dólares.
Trump defendió su política, argumentando que las deportaciones son necesarias para “proteger los empleos estadounidenses”, pero reconoció que sectores de bajos salarios dependen de los migrantes. La Cámara de Comercio de EE.UU. estima que la salida de trabajadores indocumentados podría reducir el PIB en un 1.5% para 2026. Además, los costos de las deportaciones, que ascienden a 20,000 millones de dólares en 2025, han generado críticas incluso entre aliados republicanos.
México, principal destino de los deportados, enfrenta presión para reintegrar a miles de ciudadanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana reportó la llegada de 120,000 retornados en el último año, lo que ha saturado los servicios de reinserción laboral. Organizaciones como el Instituto Nacional de Migración han solicitado a EE.UU. un programa de repatriación ordenado, pero las negociaciones están estancadas.
En el ámbito internacional, países como Guatemala y Honduras han expresado preocupación por el impacto económico de las deportaciones, ya que las remesas, que representan hasta el 20% de su PIB, han disminuido un 12% en 2025. La ONU ha instado a EE.UU. a reconsiderar su enfoque, advirtiendo sobre una crisis humanitaria en la región. Mientras tanto, Trump anunció incentivos fiscales para empresas que contraten trabajadores locales, aunque expertos dudan de su efectividad ante la falta de interés en empleos de alta demanda física.
