El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un programa piloto que podría transformar el panorama económico del turismo y los negocios internacionales. A partir del 20 de agosto, ciertos solicitantes de visas B1/B2 (negocios y turismo) deberán depositar una fianza de entre 5,000 y 15,000 dólares, según un aviso publicado en el Registro Federal. La medida, que durará 12 meses, busca reducir la permanencia ilegal de visitantes de países con altos índices de sobreestadía o sistemas de verificación documental deficientes, afectando potencialmente a economías dependientes del turismo hacia EE.UU..
El programa, respaldado por la Orden Ejecutiva 14159 firmada por el presidente Trump, apunta a garantizar que el gobierno no asuma costos por incumplimientos migratorios. Los solicitantes de países no incluidos en el Programa de Exención de Visas, que abarca principalmente naciones europeas, asiáticas y de Oriente Medio, podrían enfrentar esta exigencia. La lista de países afectados se publicará antes del inicio del programa, y el monto de la fianza, que se reembolsará si se cumplen los términos de la visa, dependerá de las circunstancias individuales.
La medida ha generado preocupación en el sector turístico, que aporta más de 200,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, según la U.S. Travel Association. Expertos como Alex Nowrasteh, del Cato Institute, advierten que la fianza podría disuadir a viajeros, afectando industrias como hotelería, comercio y transporte aéreo, especialmente en países emergentes. En México, donde el turismo a EE.UU. es un motor económico, el costo adicional (hasta 283,000 pesos) podría reducir significativamente los viajes por placer y negocios.
Además, la propuesta se suma a otras restricciones migratorias, como entrevistas presenciales obligatorias para renovaciones de visas y requisitos de pasaportes válidos para la Lotería de Diversidad de Visas. Estas políticas podrían encarecer el acceso al mercado estadounidense, afectando las cadenas de suministro globales y las relaciones comerciales con países en desarrollo. Mientras el gobierno busca fortalecer el control migratorio, el impacto económico de estas medidas podría generar tensiones diplomáticas y reducir la competitividad de EE.UU. como destino turístico y de inversión.
