El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la expansión de una zona militarizada en la frontera sur, abarcando 400 kilómetros en Texas, desde Brownsville hasta McAllen, bajo la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump. Esta área, designada como extensión de la Base Conjunta San Antonio, permitirá a los soldados detener temporalmente a migrantes considerados “intrusos” para su entrega a la Patrulla Fronteriza.
La Fuerza Aérea instalará señales de advertencia en la zona, donde ya se han detenido a tres personas en Nuevo México y más de 1,400 han sido acusadas por “invasión de áreas de defensa nacional”, un delito menor con penas de hasta 18 meses de prisión. Las impugnaciones legales han tenido resultados mixtos, según el Pentágono.
La medida, que incluye el despliegue de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines, desafía la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al ejército realizar tareas policiales civiles. Críticos advierten que esta militarización, junto a operativos con vehículos de combate Stryker, busca disuadir la migración, pero podría agravar tensiones en la región. México expresó preocupación, mientras Trump defiende la estrategia como esencial para la seguridad nacional.
