La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la figura de la prisión preventiva oficiosa, argumentando que se trata de una herramienta indispensable para enfrentar la inseguridad y contener la acción de grupos delictivos en el país.
Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum sostuvo que es necesario mantener este tipo de medida cautelar en delitos de alto impacto, como una forma de proteger tanto a la ciudadanía como a los jueces.
“Frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante, incluso para la protección de los jueces, que haya delitos donde no quede al criterio del juez la prisión preventiva, sino que haya una orientación legal previa”, declaró la mandataria.
Contexto judicial y reacción internacional
Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que se difundiera el proyecto de resolución de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, quien propuso validar la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa —una reforma impulsada por Morena en el Congreso—, pero advirtió que su aplicación no debe ser automática y debe someterse a una revisión judicial basada en pruebas.
El tema ha desatado una nueva ola de críticas, tanto a nivel nacional como internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la reforma al artículo 19 constitucional, aprobada con 355 votos a favor y 108 en contra, al considerar que puede derivar en violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en la criminalización sin juicio previo.
Críticas a la oposición
Sheinbaum también aprovechó para arremeter contra los sectores que se oponen a esta medida, acusándolos de no ofrecer propuestas viables frente al complejo escenario de inseguridad.
“Es una medida que se toma frente a la situación actual y a las condiciones del país. No es automática, requiere valoración judicial, pero ayuda a evitar riesgos que ponen en peligro investigaciones y procesos penales”, afirmó.
¿Qué implica la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa obliga a que las personas acusadas por ciertos delitos —como homicidio doloso, secuestro, delincuencia organizada, extorsión o delitos relacionados con el tráfico de drogas— permanezcan en prisión sin derecho a fianza mientras se desarrolla su proceso legal, sin que un juez evalúe primero el riesgo procesal.
Aunque fue incorporada en 2019 al artículo 19 de la Constitución, su ampliación ha sido una medida altamente controvertida por considerar que vulnera el principio de presunción de inocencia y puede ser utilizada para perseguir adversarios políticos o grupos vulnerables, como han advertido organismos nacionales e internacionales.
En juego: la autonomía judicial y los derechos fundamentales
El pronunciamiento de Sheinbaum ocurre en medio de una intensa discusión sobre la autonomía del Poder Judicial y las reformas estructurales que su administración impulsa en ese ámbito. La validación constitucional de esta figura, si se concreta en la SCJN, marcaría un precedente crucial sobre los límites del poder punitivo del Estado mexicano.
Mientras tanto, diversos colectivos de derechos humanos y juristas insisten en que la prisión preventiva oficiosa debe ser abolida o reducida al mínimo, para alinearse con los tratados internacionales firmados por México y garantizar un sistema de justicia más justo y respetuoso de los derechos humanos.
