El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya recibió 50 juicios de inconformidad en contra de los resultados distritales de la elección judicial, los primeros recursos tras el proceso electoral extraordinario que permitió elegir por voto popular a jueces y magistrados del país.
Las impugnaciones, promovidas por candidaturas que no resultaron electas, exigen recuentos de votos o incluso la nulidad total de la elección, acusando irregularidades que, aseguran, vulneran la equidad del proceso y la legalidad del resultado.
¿Qué alegan los impugnantes?
Los recursos presentados ante la Sala Superior del TEPJF coinciden en una serie de agravios comunes:
- Errores en los cómputos distritales.
- Falta de claridad en la clasificación de votos nulos.
- Diferencias mínimas entre primer y segundo lugar, que justificarían un recuento total.
- Casillas “viciadas” o indebidamente integradas.
- Uso masivo de “acordeones” (guías de votación) presuntamente distribuidos por el gobierno, señalados como una estrategia ilegal para orientar el voto.
Acusaciones por uso de “acordeones”
Uno de los casos emblemáticos es el de Hugo Abelardo Herrera Sámano, quien compitió por una magistratura en la Sala Regional Ciudad de México y quedó en segundo lugar. En su juicio, afirma que su contrincante, José Luis Ceballos Daza, fue favorecido por aparecer en los “acordeones” distribuidos de forma digital y casa por casa.
“Solicito la nulidad de la elección o la anulación de las casillas viciadas y el recuento integral, para restituir la certeza y la equidad del proceso”, argumentó Herrera Sámano.
Debido a que se trata de candidaturas a magistraturas del propio Tribunal Electoral, estas impugnaciones podrían corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con la reciente reforma judicial, la cual facultó a la Corte a resolver casos relacionados con el Tribunal Electoral para evitar conflictos de interés.
Recuento negado a candidata a ministra
Otra impugnación relevante es la de Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte. Ella pidió un recuento de votos, que le fue negado por el INE, al señalar que la ley no contempla esa figura para esta elección.
Obtuvo apenas el 0.5% de los votos, ubicándose en el lugar 23 de 32 candidatas. En su impugnación, además de señalar errores de cómputo, denuncia violencia política de género, argumentando que esta afectó el resultado electoral.
“Se advierte violencia política con efecto determinante. Por ello solicito la nulidad de casillas viciadas, el recuento o la anulación total de la elección”, expuso.
Más impugnaciones por todo el país
De los 50 juicios presentados:
- 22 fueron interpuestos por Ernesto Camacho Ochoa, candidato a magistrado de la Sala Regional Monterrey, alegando errores en 22 distritos electorales.
- Las impugnaciones cubren cómputos en estados como: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
¿Quién resolverá y cuándo?
Hasta el miércoles por la noche, los juicios se habían distribuido entre las cinco ponencias de la Sala Superior:
- 26 a la magistrada Janine Otálora
- 8 a Felipe Fuentes
- 7 a Reyes Rodríguez Mondragón
- 5 a Felipe de la Mata Pizaña
- 4 a la magistrada presidenta Mónica Soto
A pesar de que el Consejo General del INE declarará la validez de la elección este domingo 15 de junio y entregará constancias de mayoría, la ley electoral establece como fecha límite el 28 de agosto para que el TEPJF resuelva todos los juicios relacionados con los resultados.
¿Y si hay conflictos de competencia?
Conforme a la reforma judicial de 2024, la SCJN podría ser la instancia competente para resolver los juicios promovidos por candidaturas al Tribunal Electoral, por tratarse de una posible colisión de interés si los propios magistrados revisan su propia elección.
Este proceso marca un precedente inédito en la historia democrática de México, no sólo por el voto directo en cargos judiciales, sino también por el volumen de impugnaciones que pondrán a prueba tanto la reforma judicial como la capacidad del sistema electoral para resolver disputas de manera imparcial.
