El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para emitir medidas cautelares ante la circulación de los llamados “acordeones electorales”, materiales que presuntamente buscan inducir el voto de cara a la jornada electoral judicial del próximo 1 de junio.
El proyecto, que será votado por el Consejo General del INE, plantea aplicar una medida cautelar inhibitoria, con el objetivo de prevenir la repetición de estas prácticas en el marco del periodo de veda electoral, que inicia en los próximos días.
“Resulta necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria […] a fin de que no se transgredan de modo irreparable los derechos y principios constitucionales”, se lee en el documento.
Acordeones sin responsables identificados
Aunque no se ha identificado a las personas físicas, morales, partidos políticos o entes gubernamentales responsables de la elaboración y distribución de los acordeones —que incluyen listas de candidaturas recomendadas para votar— el INE los considera propaganda electoral ilegal y una posible vulneración a la libertad del sufragio.
El instituto también señaló que algunas candidaturas se han deslindado públicamente de estos materiales y han denunciado que incluso les perjudican al asociarlos con partidos políticos, a pesar de que se trata de una elección supuestamente ciudadana.
Campañas concluyen en medio de incertidumbre
Este miércoles cerraron campaña más de 7,773 personas candidatas que compiten por cargos en el Poder Judicial, tanto a nivel local como federal, en una elección inédita impulsada por la reforma judicial del 2024.
La contienda ha estado marcada por señalamientos de parcialidad, falta de información, y preocupación por la posible cooptación del voto, factores que han llevado al INE a reforzar su vigilancia del proceso y advertir sobre prácticas que podrían comprometer su legalidad.
Cancelación de candidaturas
En paralelo, el Consejo General del INE aprobó la cancelación de 17 candidaturas en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario, aunque rechazó invalidar el registro de 26 aspirantes considerados idóneos por el Poder Legislativo, pese a impugnaciones de organizaciones civiles y académicos.
