La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 142, fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, que facultaba a las fiscalías estatales y de la Ciudad de México a solicitar directamente a los bancos información financiera de ciudadanos sin autorización judicial previa.
El fallo: protege el derecho a la privacidad
La Primera Sala de la Corte resolvió, al analizar el amparo en revisión 119/2025, que dicha norma vulnera el derecho fundamental a la privacidad, al permitir la intervención del Ministerio Público local en datos confidenciales sin control judicial.
“La autorización judicial se erige como un presupuesto indispensable para legitimar las intervenciones a los derechos fundamentales», establece la sentencia elaborada por el ministro Jorge Pardo Rebolledo.
Según el fallo, la facultad que otorgaba el artículo impugnado violaba el artículo 16 de la Constitución, al permitir interferencias directas en la vida privada sin mediación judicial, incluso cuando se tratara de personas sujetas a investigaciones penales.
Secreto bancario y autodeterminación
La Corte subrayó que el secreto bancario forma parte del derecho a la vida privada, y que solo una orden de un juez puede justificar su levantamiento. Además, indicó que esta práctica también afectaba el derecho a la autodeterminación informativa, pues solo el titular de los datos puede decidir sobre su uso.
“Es necesario que el Ministerio Público local acuda ante la autoridad judicial para requerir información financiera, incluso cuando se trate de datos vinculados a una investigación ministerial”, puntualiza el documento.
¿Qué implica esta resolución?
Con esta decisión, la SCJN limita el alcance de las fiscalías locales, exigiendo que toda solicitud de información bancaria como parte de una investigación penal esté avalada por un juez, fortaleciendo así las garantías constitucionales de los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad.
