La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha bloqueado nuevas subvenciones federales de investigación a la Universidad de Harvard, afirmando que la escuela debe cumplir primero una lista de demandas de la Casa Blanca.
La decisión marca la última escalada en un conflicto más amplio entre la administración y las principales universidades estadounidenses por su respuesta a las protestas pro-palestinas. Desde que asumió el cargo, Trump ha intensificado la presión sobre los campus para abordar el presunto antisemitismo y reducir los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En una carta publicada el martes en X, la secretaria del Departamento de Educación, Linda McMahon, acusó a Harvard de “graves fallas” en antisemitismo, discriminación racial, rigor académico y diversidad de puntos de vista.
“La Universidad de Harvard ha hecho una burla del sistema de educación superior de este país”, escribió McMahon, añadiendo que “ya no debería buscar” financiación federal “ya que no se le proporcionará ninguna”.
La carta decía que Harvard tendría que entablar conversaciones con el gobierno y demostrar que había cumplido con las demandas de la administración para recuperar la elegibilidad para nuevas subvenciones.
Harvard respondió el martes diciendo que “continuará defendiéndose contra los excesos ilegales del gobierno”.
Trump ha criticado a Harvard por acusaciones de antisemitismo relacionadas con las protestas propalestinas, que estallaron tras la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Más de 50.000 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud local. Las protestas se intensificaron a medida que Washington seguía suministrando armas a Israel.
En las últimas semanas, la administración Trump lanzó una revisión de casi 9 mil millones de dólares en fondos federales para Harvard y exigió que la universidad prohíba los programas DEI, restrinja a los grupos pro palestinos y prohíba las máscaras en las protestas.
Harvard rechazó las demandas, acusando a la Casa Blanca de intentar «controlar» su campus. Demandó a la administración por la suspensión de unos 2.300 millones de dólares en financiación y se comprometió a combatir la discriminación internamente.
En su demanda, la universidad advirtió que los recortes podrían tener “consecuencias en la vida real” para los estudiantes e investigadores y podrían poner en peligro el trabajo médico y científico.
