Ciudad de México — El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este sábado a la declaración emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, el cual señaló la posible existencia de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en el país.
A través de una tarjeta informativa oficial, el gobierno federal reiteró su cooperación sostenida con el CED, como Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
📄 Rechazo a los señalamientos de política de Estado
En su posicionamiento, el Gobierno de México rechazó de forma tajante las afirmaciones del Comité sobre la supuesta participación del Estado en la práctica de desapariciones forzadas:
El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado
🤝 Diálogo y colaboración con instancias internacionales
El Gobierno mexicano indicó que analizará formalmente la solicitud del Comité una vez que esta sea recibida, y que compartirá la información sobre las acciones y programas que actualmente se implementan a nivel nacional para atender y erradicar este fenómeno.
Además, reafirmó su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la atención de las causas estructurales de la violencia, al tiempo que destacó la importancia del diálogo constructivo con organismos internacionales.
“México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, mediante acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos”, añadió el Gobierno, subrayando que ya ha informado oficialmente a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
📌 ¿Qué implica el artículo 34 de la Convención?
El procedimiento activado por el Comité se basa en el artículo 34 de la Convención Internacional, que contempla la posibilidad de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, si se encuentran indicios bien fundados de desapariciones forzadas sistemáticas.
En las próximas semanas, el Comité solicitará formalmente información al Estado mexicano, como primer paso para iniciar este proceso de análisis.
Este episodio representa un momento clave para la política de derechos humanos en el país y subraya la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la justicia, en un contexto en el que la desaparición de personas continúa siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana.
