El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una amplia orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense, que incluye la exigencia de prueba de ciudadanía para el registro de votantes.
La orden, titulada «Preservación y protección de la integridad de las elecciones estadounidenses», insta a los estados a colaborar con las agencias federales y compartir los padrones electorales, así como a perseguir penalmente los delitos electorales. También amenaza con recortar drásticamente los fondos federales para los estados que incumplan la orden.
“A pesar de su pionero autogobierno, Estados Unidos ahora no aplica las protecciones electorales básicas y necesarias que emplean las naciones modernas y desarrolladas, así como las que aún están en desarrollo”, dice el texto de la orden, que enumera las medidas adoptadas por otras naciones para hacer que el proceso electoral sea más seguro, incluida la introducción de la identificación biométrica y la limitación del voto por correo.
Unas elecciones libres, justas y honestas, sin fraude, errores ni sospechas, son fundamentales para el mantenimiento de nuestra república constitucional. El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados y tabulados correctamente, sin diluciones ilegales, es vital para determinar al legítimo ganador de una elección, afirma el documento.
Entre otras cosas, la orden exige una prueba de ciudadanía para que los votantes se registren en las elecciones federales. La medida busca, en efecto, lograr lo mismo que la tan esperada Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (Ley SAVE), respaldada por los republicanos. Si bien votar en las elecciones federales por parte de personas sin ciudadanía ya es un delito grave, los republicanos llevan mucho tiempo argumentando que se necesita más para restaurar la confianza pública en las elecciones.
Sin embargo, los grupos defensores del derecho al voto han criticado el cambio propuesto, argumentando que muchos estadounidenses en edad de votar no tienen a mano un comprobante de ciudadanía. Según un informe de 2023 elaborado por el Centro Brennan para la Justicia y otros grupos, unos 21,3 millones de personas, aproximadamente el 9 % de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, no cuentan con dichos documentos.
Trump ha criticado durante mucho tiempo el sistema electoral estadounidense, argumentando que es muy susceptible a irregularidades y fraude. Se ha opuesto especialmente al voto por correo. Según la orden ejecutiva, los votos deben emitirse y recibirse antes del día de las elecciones, y la financiación federal está condicionada al cumplimiento estatal.
La medida ya ha recibido críticas de varios partidos, que han prometido impugnarla en los tribunales. El secretario de estado de Oregón, Tobias Read, calificó la orden como una «acción contra la democracia». Su estado depende en gran medida del voto por correo.
Es derecho de todo ciudadano estadounidense exigir responsabilidades a los políticos en las urnas. Esta orden ejecutiva amenaza ese derecho y nuestra responsabilidad como estados de organizar elecciones justas y seguras. Esta acción ilegal contra la democracia estadounidense será impugnada y no se mantendrá vigente, declaró Read en un comunicado.
