Un fuerte rechazo recibió el gobierno del presidente Luis Arce el pasado jueves en su intento de presentar ante la población el plan para producir carbonato de litio mediante un consorcio chino y una empresa rusa. El evento, realizado en Potosí, una de las principales áreas donde se llevará a cabo la extracción de litio, terminó siendo suspendido después de más de dos horas de abucheos, gritos y silbidos por parte de los asistentes, quienes expresaron su descontento con los acuerdos firmados.
En noviembre del año pasado, la empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivia (YLB) firmó un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC para la construcción de dos plantas destinadas a producir carbonato de litio grado batería, con una inversión de mil 30 millones de dólares. Además, en septiembre, se firmó otro acuerdo con la empresa rusa Uranium One Group (UOG), subsidiaria de la gigante energética Rosatom, para la instalación de una planta adicional que también trabajaría en la industrialización del litio.
Sin embargo, estos contratos no han sido bien recibidos por sectores de la población, que temen que los acuerdos no beneficien adecuadamente a Bolivia y, en cambio, favorezcan a empresas extranjeras. La polémica se intensificó la semana pasada, cuando una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa china, lo que desencadenó una serie de movilizaciones. La aprobación por parte de la Cámara Baja, controlada por el partido de gobierno, provocó una masiva protesta en contra de los planes gubernamentales, que buscan acelerar la industrialización del litio como una vía para superar la crisis económica derivada de la caída de las exportaciones de hidrocarburos.
El jueves, un grupo de activistas realizó otra marcha en La Paz, en rechazo al proyecto. Los manifestantes exigieron la anulación de los contratos, y esa misma petición resonó en el evento de presentación de los planes en Potosí, donde los asistentes gritaban: «¡Que se anulen los contratos!». En el acto, donde se esperaba que las autoridades explicaran los detalles de los contratos, los funcionarios del gobierno no pudieron avanzar con la exposición debido al ruido constante y los reclamos del público. Así, la presentación terminó siendo suspendida. Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico de Potosí, indicó que su gremio no asistió al evento debido a la falta de atención por parte de las autoridades a sus observaciones y preocupaciones.
Potosí es considerada una de las principales reservas de litio en el mundo, lo que hace que cualquier plan relacionado con la explotación del mineral sea de gran importancia para la economía del país. En el evento de presentación, estuvieron presentes Omar Alarcón, presidente ejecutivo de YLB, Raúl Mayta, viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, y Álvaro Arnez, viceministro de Energías Alternativas. Sin embargo, las protestas impidieron que pudieran explicar completamente los detalles de los acuerdos, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta.
Uno de los puntos más criticados por los opositores al proyecto es la falta de un permiso ambiental para las plantas de producción, lo que genera preocupación en un país con escasez de agua en muchas regiones, como Potosí. Alarcón defendió la postura del gobierno, asegurando que aún no se ha realizado un “diseño de factibilidad” para las plantas y, por tanto, no es posible otorgar una licencia ambiental sin haber completado ese proceso.
Además, las autoridades han insistido en que el Estado tendrá el control total sobre la comercialización del litio, lo que ha sido otro punto de fricción con los críticos. En cuanto a las regalías por la explotación del mineral, que algunos consideran demasiado bajas, Alarcón negó que se hubiera fijado una cifra, pero el presidente del Comité Cívico de Potosí recordó que la ley minera establece regalías del 3 por ciento, lo cual es visto como insuficiente por muchos sectores que se oponen a los contratos.
El debate sobre el futuro de la industria del litio en Bolivia sigue siendo un tema candente, y los próximos pasos del gobierno podrían depender de la capacidad de escuchar y negociar con los sectores que se oponen a estos acuerdos.
