La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano ha enfrentado importantes pérdidas en los tribunales en los últimos años, descongelando 37,434 millones de pesos del total de 44,148 millones de pesos que había bloqueado entre 2019 y 2024. Esto representa el 84.8% de los recursos inicialmente inmovilizados por investigaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Impacto de la «jurisprudencia Medina Mora»
La «jurisprudencia Medina Mora», establecida en 2018, obliga a la UIF a depender de una solicitud expresa de una autoridad extranjera para bloquear cuentas bancarias, incluso en casos con investigaciones nacionales por lavado de dinero. Además, una reciente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permite que un amparo provisional desbloquee de manera inmediata las cuentas afectadas, sin necesidad de esperar un juicio definitivo.
Casos emblemáticos de descongelamiento
- Kamel Nacif, empresario acusado de torturar a Lydia Cacho, recuperó 800 millones de pesos.
- La iglesia La Luz del Mundo, vinculada a delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín, desbloqueó nueve cuentas bancarias.
- Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y prófugo, recuperó cuentas alegando falta de solicitud extranjera formal.
- Familiares y socios de Genaro García Luna, incluido Luis Cárdenas Palomino, lograron el descongelamiento de fondos.
- Sofía Guzmán, nieta de Joaquín «El Chapo» Guzmán, evitó vínculos en investigaciones del Cártel de Sinaloa.
Estadísticas de descongelamiento por año
- 2019: Liberado el 96.3% de 16 mil millones de pesos bloqueados.
- 2020: Retenidos sólo 286 millones de pesos (1.83% de los 15 mil millones bloqueados).
- 2024: Mejora notable; se aseguraron 93.78% de los fondos bloqueados (3,804 millones de pesos).
Preocupaciones de la UIF
Con la flexibilización de los requisitos para desbloquear cuentas, se teme que aumenten las solicitudes de amparo y que los recursos aparentemente ilícitos vuelvan al sistema financiero. La UIF ha advertido que estas decisiones judiciales favorecen a redes criminales, políticos corruptos y otros actores involucrados en actividades ilegales, dejando al sistema financiero mexicano en una posición más vulnerable.
La UIF ha solicitado desde hace años la revisión de esta jurisprudencia, pero la SCJN ha reforzado recientemente su aplicación, complicando aún más el combate al lavado de dinero.
