El Comité de Evaluación del Poder Legislativo generó polémica al modificar la lista de candidatos elegibles para el Poder Judicial Federal (PJF), rompiendo con los plazos y criterios establecidos por la propia reforma judicial. La presidenta en turno del comité, Maribel Méndez de Lara, aseguró que no hay violación legal y que los ajustes buscan cumplir con el principio de completitud en la revisión de documentos. Sin embargo, expertos en derecho constitucional critican el proceso, señalando que se quebranta la seguridad jurídica y los lineamientos de la reforma.
Ajustes a la Lista y Respuesta del Comité
En conferencia de prensa, Méndez de Lara confirmó la publicación inicial de una lista con 7,060 aspirantes y la emisión posterior de un boletín aclaratorio que indicaba que se trataría de una lista preliminar. Aseguró que se incluirá un listado complementario en las próximas horas, con aproximadamente 1,000 nombres adicionales. Pese a las críticas, insistió en que el proceso ha sido transparente y dentro de los plazos legales.
“La lista complementaria debía haberse publicado el día de ayer, pero saldrá hoy. No estamos dejando en estado de indefensión a los aspirantes, sino garantizando un análisis completo de las pruebas aportadas”, afirmó.
Respecto a la idoneidad del comité para evaluar a los candidatos, Méndez de Lara sostuvo que el trabajo realizado generará confianza en la sociedad mexicana.
Críticas por Falta de Constitucionalidad
El jurista Alberto del Castillo del Valle advirtió que la falta de publicación completa y oportuna rompe con la constitucionalidad de la reforma judicial. «No ajustar los actos a los lineamientos establecidos afecta la certeza y seguridad del proceso, dejando abierta la posibilidad de incluir o excluir aspirantes de manera arbitraria», señaló en entrevista.
Del Castillo también cuestionó la falta de reglas claras para evaluar a los aspirantes, señalando que no basta con un título de Licenciado en Derecho y que es necesario exigir experiencia y conocimientos sólidos en materia jurídica.
Desafíos de Transparencia y Legitimidad
El experto destacó que la buena fama de los aspirantes no puede ser un criterio confiable en este proceso, dada la poca información pública disponible sobre muchos de los candidatos. Según sus cálculos, entre el 90% y 95% de los aspirantes son desconocidos para la ciudadanía.
Finalmente, cuestionó la capacidad del Comité de Evaluación para verificar la autenticidad de las recomendaciones presentadas por los candidatos. «¿Cómo pueden determinar la reputación de alguien si no conocen a las personas que firman las cartas de recomendación?», concluyó.
Este incidente plantea interrogantes sobre la transparencia y legitimidad del proceso de selección, a medida que se avanza hacia la designación de jueces, magistrados y ministros que definirán el rumbo del Poder Judicial Federal.
